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9:00 a.m.
Fuente:
el Periódico

La muerte del coronel Raúl Cerna sigue impune diez años después

Dos militares muy cercanos al exjefe de Finanzas del Estado Mayor presidencial en tiempos de Portillo enfrentan juicio por el multimillonario desfalco.




Once años después del manejo ilegal de más de Q100 millones del presupuesto corriente del Estado Mayor Presidencial (EMP), y de la transferencia de Q900 millones que terminaron en los bolsillos de la cúpula militar del gobierno de Alfonso Portillo, se inició el juicio contra Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez, supuestos receptores de los fondos junto a Enrique Ríos Sosa, Francisco Ortega Menaldo y otros, quienes hasta ahora han evadido el brazo de la justicia.

Armando Llort Quiteño, quien en ese entonces fungió como presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y actualmente reside en Estados Unidos, ha sido uno de los principales testigos del caso; en sus declaraciones del 28 y 29 de mayo pasados relató, por medio de una videoconferencia, cómo se involucraron Portillo, Rojas y Salán en el desfalco de los recursos de dicho Ministerio en 2001.



Armando Llort declaró por videoconferencia en el juicio contra Salán y Rojas.


El expresidente del CHN declaró ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal desde el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, que Portillo le pidió que guardara Q30 millones en el referido banco, y que los días 5, 6 y 9 de marzo de 2001, Salán y Rojas acudieron al banco a dejar Q10 millones en efectivo cada día.

Entre los detalles de su declaración también habló de la compra de un terreno valorado en Q4 millones, y la creación de varias empresas “de cartón” utilizadas para hacer operaciones ilegales, y a las cuales se desviaron distintos montos.

Tanto Llort como Salán y Rojas, e incluso el propio Portillo, eran hombres muy cercanos al coronel José Raúl Cerna Ramírez, quien durante el desfalco era el jefe de Finanzas del EMP, y cuya muerte sigue impune diez años después. Los personajes más cercanos a su ámbito laboral y militar han enfrentado a la justicia, pero su deceso sigue sin ser esclarecido.

Coincidencias

En la publicación de elPeriódico del 4 de febrero de 2005 se documentó que Cerna ingresó a la emergencia del hospital Roosevelt el 12 de abril de 2004, con síntomas de intoxicación al haber ingerido ácido muriático.

El 11 de abril 2004, Cerna se despidió de sus familiares en la Costa Sur. Su familia recuerda una última llamada desde su teléfono celular por la noche. Además, al día siguiente debía presentarse a su nueva asignación como jefe de la Escuela de Músicos Militares en la zona 5 de la capital, pero no llegó.

Al faltar al trabajo, su ausencia fue reportada a sus superiores y ocho días más tarde fue acusado de “desertor” por las Fuerzas Armadas, y su situación fue expuesta públicamente.

Extraoficialmente corrió el rumor de que había huido a México junto con Portillo y los Q90 millones. Pero la realidad fue otra, pues la madrugada del 12 de abril de aquel año, Cerna llegó caminando a la emergencia del hospital Roosevelt, donde lo atendió el médico de turno y perdió la vida debido a la sustancia que supuestamente había ingerido.

¿Cuál fue el pecado capital de Cerna? Formar parte de la rosca de confianza del expresidente Portillo y dirigir el área de Finanzas del extinto EMP, lo que dio paso a que conociera los destinos y manejos del presupuesto, y los desvíos que en esa instancia se gestaron.

Toda esa información le costó, al parecer, el puesto en la sepultura número 15 del cementerio La Verbena, donde fue localizado 240 días después de su muerte, debido a que familiares acudieron al Ministerio Público (MP) y observaron unas fotografías archivadas debajo de la alfombra de la fiscalía ubicada en Villa Nueva, con ellas se pudo exigir la exhumación, pruebas de ADN y registros dentales, para establecer la identidad de Cerna.

Las hipótesis

Según datos del hospital, su muerte fue registrada con su nombre, porque llevaba su billetera y su licencia de conducir. Pero posteriormente fue trasladado a la morgue, y tres día después sepultado en el referido cementerio como XX.

La hipótesis principal conexa a los que manejaron el EMP en la época de Portillo, a quienes les interesaba que Cerna no fuera interrogado por las autoridades, debido a que los podía denunciar.

El domingo 11 de abril de 2004, a las 8:00 de la noche, Cerna recibió una llamada de una persona de su confianza, ya que minutos después salió de su vivienda con su vehículo, dejando sus documentos personales del Ejercito, dinero y su arma.

Posiblemente en ese momento aprovecharon para inyectarle la sustancia que lo envenenó. Se presume que no se resistió, dado que a su ingreso al centro asistencial su cuerpo no presentaba lesiones corporales, las cuales se hubieran constatado en su exhumación.

En ese entonces, la investigación fue realizada por la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y requirió al Ministerio de la Defensa un informe sobre si la institución armada realizó algún tipo de pesquisa luego de la desaparición del exjefe de Finanzas, de las cuales no se obtuvo ningún resultado.

La segunda hipótesis es que quienes hubieran querido al oficial Cerna muerto fueran los oficiales militares que con anterioridad ocuparon su propio puesto. Según sus allegados, este contaba con fotocopias de documentación, que explicaban retiros de dinero en efectivo, con los mismos procedimientos que él mismo utilizó por instrucciones de sus jefes, desde la época de Serrano Elías, pasando por la de Ramiro de León, hasta la de Álvaro Arzú.

Estos documentos comprometían a exfuncionarios, a sus agrupaciones políticas y, fundamentalmente, a los militares que ocuparon su puesto, pues era de ellos de quienes aparecían registradas sus firmas en infinitas operaciones monetarias.

Coincidentemente, dos coroneles que ocuparon el puesto de Cerna con anterioridad, Sergio Bernardo Illescas Santizo y Héctor Leonel Reyes Caballeros, se encontraban como director de Inteligencia el primero y de Contrainteligencia el segundo, en la fecha en que desapareció misteriosamente.

Estos dos militares jamás realizaron los procedimientos mínimos de búsqueda, como es usual, cuando alguien, como fue el caso de Cerna, no se presenta a sus labores como era debido, y, más aún, cuando incluso había fallecido.

Según las declaraciones de Marina Figueroa, conviviente de Cerna, tres días después de su desaparición, ella dio aviso a las autoridades militares para que verificaran si algo le había sucedido a su pareja. También aseguró que se le ofreció que investigarían al respecto.

Otra muerte

Un mes después de lo ocurrido, los investigadores solicitaron informes monetarios de cuentas bancarias del militar, además de movimientos migratorios y sus actividades en el cargo que ocupaba en el EMP.

Los fiscales del caso trataron de determinar el vínculo que existió entre la muerte del militar y la de Wanda Payeras, asesinada en junio de 2004 frente a su hija cerca del Liceo Guatemala, pues ella se conducía en un vehículo que pertenecía a Cerna.

Tras una investigación interna en el MP, se determinó que miembros de la Fiscalía de Villa Nueva y de la Dirección de Investigación Criminal (Dicri) no informaron a sus autoridades superiores acerca de esta situación. En diciembre de 2003, fue cesado de su cargo el fiscal que conoció el expediente de la muerte de Cerna, mientras que un investigador de la Dicri presentó su renuncia al cargo.

¿Habrá sido posible que Inteligencia y Contrainteligencia Militar hayan asesorado al alto mando militar para que públicamente manifestara que Cerna había desertado, y hayan insinuado que también había robado decenas de millones de quetzales? ¿Podría haber existido una negociación entre los mandos de los diferentes periodos presidenciales, entre 1990 y 2000, para proteger sus intereses y preocupaciones comunes?

Los restos del coronel Raúl Cerna fueron sepultados ocho meses después en Cayuga, Izabal, con rituales religiosos acompañado de sus familiares y amigos.

Diferentes publicaciones de elPeriódico cuestionaron la falta de investigación en el asesinato de Cerna.

Los otros asesinatos

• Portillo, Ortega, los Ríos, Salán, Rojas y demás militares también deberían ser indagados sobre el asesinato del oficial Cerna y sobre los crímenes contra el capitán asimilado Juan José de León, a quien encargaban llevar y traer dinero en efectivo; Wanda Payeras, baleada mientras utilizaba un vehículo de Cerna; David Elías, conductor del blindado utilizado en el saqueo; Jorge Rivera, oficial encargado de administrar los viáticos en el extranjero de Alfonso Portillo; y William Rivera, especialista del Ejército, dedicado a trasladar fondos en efectivo del Estado Mayor Presidencial.

 






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