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Fuente: Transdoc, 07/06/2013 07:00 am

 

 

 



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09:32 a.m.
Fuente: El Periodico

Q400

Mil suma un faltante de productos en la bodega del Congreso, detectado en una auditoría del Departamento Administrativo del Organismo Legislativo. La Directiva ordenó una investigación para determinar responsabilidades.



08:55 a.m.
Fuente:
Siglo 21

MP ve difícil recuperar fondos municipales

Red de lavado de dinero utilizó por lo menos Q35 millones destinados a obras

La mayoría de los fondos sustraídos en las municipalidades de -Chinautla y San Miguel Petapa, que fueron lavados a través de dos organizaciones no gubernamentales (ONG), se habría perdido pues las cuentas monetarias utilizadas fueron constituidas en el desaparecido Banco del Café (Bancafé).

Así lo establecen las pesquisas del Ministerio Público (MP), ya que la denuncia sobre movimientos anómalos fue presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en diciembre de 2006, dos meses después de la quiebra de la entidad bancaria.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero no descarta que algunas cuentas hayan sido trasladadas a otros bancos, pero la posibilidad de recobrar los fondos es casi nula, pues ya han pasado más de seis años de los hechos.

Una de las acciones que se evalúa para recuperar el dinero de las comunas es dictar un embargo o la extinción de bienes de los -sindicados.

Por el caso fueron capturados esta semana el exalcalde de San Miguel Petapa Rafael Eduardo González, Édgar Medrano Osorio, hijo del alcalde de Chinautla; Manuela Victoria Osorio, sobrina en segundo grado de la esposa del jefe edil, y el contratista Érik Montepeque Toledo.

La ruta del dinero

La investigación establece que los más de Q38.7 millones, que nutrieron las cuentas de las ONG Asociación de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural (Adisur) y la Federación de Asociaciones para el
Desarrollo de Asentamientos Humanos del municipio de Chinautla (Fedachi), provenían de fondos destinados a obras municipales.

Red familiar

Las comunas justificaron la salida de ese dinero a través de la supuesta creación de proyectos como la construcción de escuelas, pavimentación, entre otros (lea: Fondos destinados a obras públicas).

La ruta de los fondos que realizó la IVE establece que de la Municipalidad de Chinautla se usaron 40 cuentas, dos de ellas son las únicas que no estaban abiertas en Bancafé. De estas, según el MP, 33 fueron creadas especialmente para la construcción de diversos proyectos.

Siete cuentas más, a nombre de la misma comuna, se suponía estaban destinados al manejo de fondos del IVA-Paz para la edificación de escuelas y viviendas.

Luego de recibir los fondos, las ONG los desviaron a cuatro empresas, las que luego concentraron en una sola denominada Dimaco, la que finalmente repartió el dinero a la red de lavado conformada por funcionarios y familiares del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien lleva cinco períodos al frente de la comuna.

Los fondos sustraídos podrían ascender a Q35 millones, pero el MP continúa las pesquisas pues se prevé que la cifra aumente a Q535 millones de 450 obras asignadas.

La Fiscalía asegura que todas las pruebas revelan que tanto las ONG como las constructoras tenían vínculos entre sí y con el alcalde Medrano.

Ayer se buscó nuevamente la versión del jefe edil, pero no fue localizó en la Municipalidad ni respondió a las llamadas telefónicas hechas a su celular.

Otros que le requirieron fueron los auditores de la Contraloría General de Cuentas, para solicitar informes financieros de la comuna, pero fueron amenazados por personal municipal (lea: Amenazan a auditores).

En el caso de San Miguel Petapa, el exalcalde González usó 13 cuentas a nombre de la municipalidad para depositar en las ONG.
Los fondos también estaban supuestamente destinados a obras en el municipio de San Miguel Petapa.

En Cifras

•11 de diciembre de 2006, la IVE presenta denuncia al MP sobre movimientos bancarios ¬anómalos

• 40 cuentas cedieron fondos a las ONG para el lavado de dinero

• Amenazan a auditores

Una delegación de auditores de la Contraloría General de Cuentas que se presentó ayer a la Municipalidad de Chinautla, a solicitar información financiera, fueron amenazados por el personal y se les negó lo requerido.

Los auditores dieron a las autoridades municipales un plazo de tres días para recibir la información o de lo contrario se accionará penalmente.

Javier Monterroso, asesor de la Fiscal General, señaló que esperaban esa actitud. “Hay estructuras que se oponen al requerimiento de información”, por lo cual requirió apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

La auditoría fue solicitada por la Fiscalía de Lavado de Dinero, que investiga una red integrada por familiares y amigos del alcalde de Chianutla Arnoldo Medrano, que se presume habría lavado durante sus cinco períodos en el poder unos Q595 millones, al adjudicarse 450 obras de infraestructura. También se investiga el pago de Q1 millón que realizó la comuna a la empresa Grupo Dinámica Constructiva, por realizar el cobro del IUSI, trabajo que no efectuó.



08:25 a.m.
Fuente: DCA

Timbres falsos en circulación



A través de una denuncia presentada en el Ministerio Público (MP), el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Luis Alfredo Reyes, solicitó que se investigue la falsificación de 1 millón de timbres notariales de Q10, la cual se practica desde 2012.

A la denuncia se adjuntó como evidencia el millón de timbres falsos que fueron detectados en documentos de diferentes trámites, realizados en municipalidades, actas notariales y de legalización de firma.

Reyes explicó que no han identificado a las personas que podrían estar involucradas en estos hechos, pero no descartó que se trate de una red dedicada a la falsificación de documentos.

"Es necesario que el MP haga una investigación al respecto, porque este tipo de casos perjudica al gremio, ya que estamos comprometidos con la seguridad jurídica de los procedimientos" expuso el jurista.

Hizo un llamado a los abogados a que adquieran los timbres en la sede de la entidad que dirige, y afirmó que las falsificaciones ocurren en negocios que se ubican en los alrededores del Ministerio de Finanzas Públicas.

El abogado Héctor Robles lamentó la situación, e indicó que existe un control de emisión de los timbres por parte del CANG, pero no en la reventa, por lo que alertó a los usuarios.

"Controlar la reventa a estas alturas es complicado, pero una de las soluciones, en mi opinión, sería que el Colegio autorizara más puntos de venta legales, como en los Juzgados de Turno o instituciones judiciales", refirió.






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