Denuncias de Corrupción junio 10 lunes

Fuente: Transdoc, 10/06/2013 07:00 am

 

 

 



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09:12 a.m.
Fuente:
El Periodico

Estado de calamidad, sinónimo de corrupción

EDITORIAL

El actual gobierno pretende que se prorrogue el Estado de Calamidad Pública decretado luego del terremoto ocurrido el 7 de noviembre de 2012, que causó víctimas y daños en el occidente del país, aunque la emergencia ya pasó.

Esta actitud nos recuerda la prórroga indefinida del Estado de Calamidad Pública, a raíz de los estragos que dejó la tormenta tropical Agatha y la erupción del volcán de Pacaya durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12), que fue aprovechado para una corruptela sinfín. En su oportunidad, el mismo ex vicepresidente Rafael Espada reconoció que el Estado de Calamidad Pública era “una magnífica excusa para la corrupción”.

La finalidad del Estado de Calamidad Pública es enfrentar catástrofes, calamidades, desgracias públicas (terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud), y crisis sanitarias (epidemias y situaciones de contaminación graves).

Con motivo del Estado de Calamidad Pública se releva a la Administración Pública de la obligación de someterse a los procesos de licitación y cotización para los fines de contratación de bienes y servicios. La agilidad para atajar la emergencia es la justificación.

No obstante, la experiencia nos dice que la medicina siempre resulta peor que la enfermedad, porque lo que generalmente aflora en estas emergencias son los actos de corrupción y no el beneficio para la población. Como dice el refrán: Unos en la pena y otros en la pepena.

Dados los antecedentes de escándalos de corrupción bajo los estados de emergencia, no extrañaría que la solicitud de prórroga del Estado de Calamidad Pública decretado a raíz del terremoto ocurrido el 7 de noviembre de 2012, sobre todo porque ya pasó la emergencia, obedezca a un premeditado plan de “negocios corruptos”, al amparo, por supuesto, de la opacidad, los atajos a la ley y la ausencia de control propios de un estado de emergencia. En todo caso, lo que tenga que hacerse de hoy en adelante debe sujetarse a la Ley de Contrataciones del Estado, sin que valgan excepciones de ningún tipo.

Por tanto, nos oponemos rotundamente a que el Congreso ratifique la prórroga del Estado de Calamidad Pública decretado como consecuencia del terremoto ocurrido el 7 de noviembre de 2012. ¡Bando, señores diputados!



07:55 a.m.
Fuente:
El Periodico

Control, tensión y desinformación; ¿dónde está el alcalde Medrano?

Arnoldo Medrano no ha asistido a la Municipalidad de Chinautla desde el martes.

Pavel Gerardo Vega pvega@elperiodico.com.gt

A partir de la captura de personas allegadas al alcalde por lavado de dinero y caso especial de estafa, elPeriódico visitó la Municipalidad desde el martes hasta el viernes pasado. El objetivo: obtener declaraciones del que sería el líder de la red de corrupción. Conforme pasaron los días, la situación en Chinautla se convirtió en una fuente de conflicto entre pueblo, trabajadores municipales y periodistas. El resultado: evasivas, negación de información, seguimiento. La insistencia por encontrarlo terminó en una amenaza de secuestro dentro de la Municipalidad por parte de los pobladores contra el equipo de elPeriódico.

Martes

Calma, normalidad y puertas abiertas

Al siguiente día de que algunos miembros del Concejo Municipal fueran aprehendidos, Medrano y el resto de síndicos y concejales no asistieron a la alcaldía. La sede de la comuna reflejaba un ambiente cotidiano de trámites, pagos y consultas. Nadie parecía fuera de contexto, los trabajadores respondían preguntas con respeto y sin miedo.

En el tercer nivel del edificio, cuatro puertas, solo una abierta: la Secretaría. Al entrar, la secretaria, que se identifica como Vanesa, dice que el alcalde estuvo en horas de la mañana, pero que no sabe dónde está y tampoco si llegará por la tarde o al siguiente día.

Miércoles

Sin conferencia, pero controlados

La expectativa sobre la figura del Alcalde aumenta dos días después de los señalamientos. La defensa de Medrano: sus trabajadores, su gente. Esa mañana, los reporteros llegan a la convocatoria que habrían hecho el día anterior. Al subir al tercer nivel, la secretaria, con un tono más reacio explica que el Alcalde no está y que no llegará.

El equipo de elPeriódico aguarda en la sala de espera afuera de la Secretaría, Vanesa traslada una llamada. Una mujer que se identifica como Brenda del Cid amenaza con que si no nos retiramos, enviará a la seguridad para sacarnos. Cuando se le pregunta su cargo, no responde. Tras insistir en la pregunta, cuelga. Posteriormente se investiga y se conoce que se trata de la encargada de Educación de la Municipalidad.

En Tierra Nueva I y Tierra Nueva II hay tres establecimientos educativos construidos por la administración de Medrano en los últimos ocho años. Dos institutos básicos tienen su nombre. Para verificar los elogios de los vecinos, elPeriódico llega a Tierra Nueva I. La subdirectora Mónica Pérez nos atiende. Dentro de la oficina, una cámara de seguridad. Es frecuente verlas en el municipio. En el instituto hay diez, explica Pérez. Ella cuenta que Medrano construyó el centro educativo y es la comuna la que lo mantiene.

Al terminar la entrevista, llega un hombre de playera blanca. Le pregunta a Pérez sobre nuestra presencia, ella le explica y se despide. Cuando ingresamos al vehículo, el hombre apunta las placas. Entonces surge el diálogo:

EP- ¿Usted es maestro? ¿trabaja en el instituto?
Hombre: –No

¿Trabaja en la Municipalidad?
A ustedes no se les puede dar información.

¿Por qué?
– Ustedes no son gratos en este lugar.

Tras unos minutos de tensión y evasivas, responde que es trabajador municipal, aunque no aclara su puesto. Se llama Alex Mansilla. “Siempre estamos vigilantes de todo lo que pasa acá”, afirma.

Luego nos trasladamos a Tierra Nueva II, los directores, que llegaron al primer establecimiento nos guían. Dos personas en bicicletas igualmente van en el recorrido desde el primer instituto hasta el segundo, también llamado con el nombre del Alcalde. Al lado hay otra escuela de párvulos. El nombre: “Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elías”. Se inauguró el 31 de mayo en ausencia de la Vicepresidenta.

Al término del recorrido, llega otro trabajador municipal a verificar lo que hacía el equipo de elPeriódico.

Jueves y viernes

El pueblo defiende a su Alcalde

Luego de dos días de ausencia, un grupo de mujeres esperan afuera de la Municipalidad. Al ver a los periodistas, una de ellas corre con las otras para advertir la presencia del “enemigo”. Se agrupan y levantan pancartas en apoyo a Medrano. La secretaria sigue diciendo que el alcalde no está y argumenta que supervisa obras. Un hombre que acompaña a las mujeres, les dice que no se vayan porque en cualquier momento las pueden necesitar y persigue al reportero dentro del edificio.

El viernes fue el más tenso, al límite de un escándalo mayor. Una mujer de rojo y un hombre de suéter negro vigilan nuevamente la comuna. Al ver el carro de elPeriódico corren hacia adentro. En la entrada del edificio se aglomeran. “Ese es el periodista, sí es, vamos”, dicen.

Desde el primer nivel hasta el tercero, en la oficina de la secretaria, el hombre de suéter negro sigue al reportero de cerca. Al llegar con Vanesa, la misma respuesta del día anterior: el Alcalde está en reuniones de trabajo y supervisa obras. Confirma que dentro de la Municipalidad no hay una Oficina de Información Pública como estipula la Ley de Libre Acceso a la Información.

El grupo de mujeres se aposta fuera de la Secretaría. Se sientan a vigilar al reportero y al fotógrafo. Una se acerca para reiterar que apoyan al Alcalde, las demás se ponen de pie y nos rodean. Nosotros permanecemos sentados. Nos piden que no nos metamos con “don Arnoldo”. Seguimos cuestionando a la secretaria. Otra mujer grita:

– ¿Cuál es la insistencia con la secretaria?
EP– Quiero saber dónde está el alcalde.

–¿Les gustaría que cerremos la Municipalidad y los tengamos aquí como rehenes?
EP-Quiero hablar con el Alcalde

– Si ustedes insisten en lo mismo, los vamos a encerrar, como pueblo vamos a tomar la Municipalidad con los que vengan a fastidiar acá

elPeriódico decide abandonar las instalaciones. Las mujeres exclaman que ellas defenderán a toda costa al alcalde Medrano. “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, gritan mientras bajan las gradas detrás del reportero y el fotógrafo.


07:48 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Denuncias en Fonapaz suman Q19 millones

El Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) vuelve a ser objeto de señalamientos en plena fase de liquidación. La Contraloría General de Cuentas (CGC) interpuso, entre abril y mayo del año en curso, tres denuncias penales por Q19 millones 99 mil 441.42 por malversación de fondos e incumplimiento de funciones, entre otros delitos.

POR JUAN MANUEL CASTILLO ZAMORA

En la primera de las quejas, interpuesta el 9 de abril, se señala a Rony Abiú Chalí López, administrador liquidador de Fonapaz, y a Miguel Rodolfo González Paredes, miembro del comité técnico del fideicomiso de esa institución.

Según el equipo jurídico de la CGC, ambos utilizaron Q6 millones 869 mil 517 para pago de nóminas y servicios, y de acuerdo con las denuncias esos recursos debieron ser destinados proyectos.

El criterio del equipo jurídico es que la comisión liquidadora no tenía potestad para hacer uso de los recursos y, por lo tanto, debió trasladarlos con todo y proyectos al Ministerio de Desarrollo Social, para que este se hiciera cargo de pagarlos.

Según la querella, los sindicados tomaron los recursos de un saldo de Q9 millones 120 mil que debían utilizarse para pagar a proveedores.

Institución en liquidación

Para disponer de los recursos, Chalí convocó al comité técnico de Fonapaz, lo cual, a criterio de la CGC, era improcedente, pues el fideicomiso fue cerrado oficialmente el 7 de enero, por lo que el liquidador no tenía potestad para reintegrar al consejo.

Consultado Chalí, dijo que el criterio de la CGC es equivocado, pues el fideicomiso aún existe, pues considera que este “se extingue mediante escritura, y eso no se ha hecho todavía; por lo tanto, aún está vigente. Que esté en fase de liquidación es otra historia”.

Afirmó que los recursos utilizados provenían de un saldo de caja del ejercicio fiscal 2012, el cual había sido trasladado del renglón de funcionamiento al de inversión, por considerar que ya no sería utilizado.

“Lo único que hicimos fue devolver los fondos al renglón original, por lo tanto no hubo malversación de esos fondos”, dijo Chalí, y aseguró que los recursos fueron utilizados para pago de “alquiler, nómina y gastos de combustible”. Refirió que el MP aún no le ha notificado formalmente esa queja. “No sé si finalmente exista tal denuncia”, expuso.

Utilización de ONG

El 7 de mayo del año en curso, la CGC denunció en el Ministerio Público (MP) a Armando Paniagua, exdirector de Fonapaz; Juan Rodolfo Archila Berreondo, exjefe del Departamento Financiero; y Miguel González Paredes, exgerente de proyectos de esa institución, por haber suscrito en el 2012 varios convenios con Organizaciones no Gubernamentales (oenegés), pese a la prohibición que existe desde el 2010 de utilizar a estas organizaciones para la ejecución de proyectos.

Según la CGC, los proyectos suman Q2 millones 519 mil y se refieren a construcción de mercados municipales, remodelación de hospitales y adoquinamiento de calles.

Las oenegés beneficiadas fueron: Fundación de Desarrollo Integral (Fundei), Asociación para el Desarrollo de la Vida y la Paz (Vipaz), Asociación Amigos por el Desarrollo y la Paz (Adepaz) y la Asociación para la Promoción del Desarrollo Comunitario (Aprodec).

En la denuncia no se especifica qué proyectos ejecutó cada oenegé ni cuánto se erogó en ellos.

Materiales

Dos días más tarde, el 9 de mayo recién pasado, la CGC presentó una nueva denuncia en contra de Paniagua, Esteve Jonathan Cabrera y Esvin Arnoldo Chávez Macario, ambos del Programa de Desarrollo
Económico desde lo Rural (PDER).

Según la queja, esta organización fue utilizada por Fonapaz para comprar material de construcción y riego, por Q10 millones 526 mil 561.16, por medio de varias oenegés, entre las que figuran la Asociación Mam para Agricultores para el Desarrollo Integral (Asomam), la Asociación de Dirigentes Comunitarios (Asdic) y la Asociación de Desarrollo Integral de la Boca Costa (Adiboc), entre otras.

En ambas denuncias se sindica a Paniagua de malversación y abuso de autoridad, y son conocidas por la Fiscalía contra la Corrupción del MP. Se intentó obtener la versión de esta instancia durante varios días, pero no fue posible.

José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, dijo que con este tipo de denuncias se “validan las razones por las cuales se pidió el cierre de esa institución. Es necesario que se esclarezcan los señalamientos de corrupción, para lo cual se hace necesaria una investigación que permita deducir responsabilidades, para posteriormente iniciar procesos penales”, manifestó.

Polémica Acerca del Fondo

El Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) nació el 28 de junio de 1991, mediante el acuerdo gubernativo 408-91, como fondo social emergente del Gobierno en el marco del proceso de paz. En el 2000 se le dio la potestad para construir viviendas, edificios del Estado, salones comunales, canchas polideportivas, entre otras obras, mediante el acuerdo 310-2000.

Entre sus directores se encuentran: Álvaro Colom, quien luego fue presidente de la República; Haroldo Quej, Jairo Flores, Édgar Ajcip y Aristides Crespo, actualmente diputados al Congreso; Enrique Godoy, Manuel Fernando Pinzón, Obdulio Solórzano —asesinado en julio de 2010— y Armando Paniagua, quien dejó el cargo en enero último, luego de que trascendió que la institución sería clausurada.

En el 2010 se le prohibió a Fonapaz utilizar a oenegés para la elaboración de proyectos. La entidad fue duramente señalada por actos de corrupción, tanto en esta administración como en las anteriores. El presidente Otto Pérez Molina reconoció en enero que en esa institución había problemas derivados de sobrevaloraciones y licitaciones viciadas, aunque lo atribuyó a gestiones pasadas.

El 16 de ese mes se publicó en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo 36-2013, referente a las “Normas de Liquidación y Disolución de Fonapaz, así como la liquidación y extinción del fideicomiso”. En el documento se instala la comisión liquidadora y su unidad ejecutora.

 






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