Noticias Nacionales al Instante febrero 27, Viernes

Fuente: Transdoc, 27/02/2015 07:00 am

 

 
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NOTICIAS NACIONALES AL INSTANTE FEBRERO 27, VIERNES 2A. PARTE


 
12:30 p.m.
Fuente Publi News

Con sierra en mano destruían piezas en sitio arqueológico

Policías sorprendieron a dos hombres que usaban sierras y martillos para destruir piezas prehispánicas en el sitio turístico conocido como “La Cobanerita”, ubicado en San Benito, Petén.

Los detenidos son Julio Esquivel Sánchez y Antonio Ramírez Caal, ambos de 27 años de edad, quienes con una sierra cortaban fragmentos de un monumento, informó la Policía de la subestación La Ermita.

Estos sujetos, en su intento de huir de las autoridades, dejaron ocho pedazos de tiestos de cerámica Prehispánica y 14 de piedras Lítica, así como variedad de herramientas, mismas eran utilizadas para la destrucción de éstos monumentos, se detalló.

La evidencia encontrada fue llevada al Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) para su respectivo resguardo, mientras que los apresados fueron llevados al juzgado de turno
respectivo.

11:30 a.m
Fuente: El Periódico


Capturan a pareja por lavado de dinero y asociación ilícita


Los esposos Tanya Guisela Zambrano Burgos de Curtis y Waldo Armando Curtis Guadamuz fueron capturados ayer, sindicados de los delitos de lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero y asociación ilícita.


Waldo Curtis y Tanya Zambrano realizaban depósitos en dólares que eran retirados en cuentas en Panamá.

481 mil 
Dólares, la cantidad de dinero que se reportó en la cuenta de Zambrano.

La investigación del caso, a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, inició con una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, por transacciones sospechosas.

Las pesquisas determinaron, que entre 2007 y 2008 los ahora detenidos realizaron una serie de depósitos bancarios, por medio de cuentas en dólares que tenían en Guatemala y que posteriormente viajaban a Panamá para retirar el dinero con cheques personales.

Asimismo, por medio de las empresas de cartón Latin Vest S. A., Importadora El Lucero S.A., y Agatha S.A., contrataban personas para que viajaran hacia Panamá con US$9 mil 500 cada una en vuelos comerciales, quienes en ese país debían depositar el dinero como representantes de dichas firmas comerciales.

Según el fiscal a cargo del caso, los esposos serían procesados por proveer documentación de empresas para trasladar dinero hacia ese país, proveer de personas que llevaran esos fondos por el aeropuerto y, ubicar personas para abrir cuentas en Guatemala. El informe indica que la cuenta de Zambrano reportó un movimiento de US$481 mil 642, y la de Curtis unos US$373 mil 980.


11:11 a.m
Fuente: Siglo 21

Posible brote de sarampión pone en riesgo al país


El desabastecimiento de vacunas que el sistema de Salud sufre desde el año pasado, la detección de casos sospechosos de sarampión en Chimaltenango y el reciente brote de la enfermedad en Estados Unidos, amenazan con hacer reaparecer el padecimiento en el país, luego de estar erradicado desde 1997.

           Posible brote de sarampión pone en riesgo al país
La inmunización se ha visto afectada por el desabastecimiento de vacunas en la cartera de Salud, entre ellas la del sarampión.

Datos del calendario epidemiológico del Ministerio de Salud, comprendido hasta al 13 de febrero, registran un acumulado de cinco casos sospechosos de sarampión, cuatro surgidos en 2014 y uno en 2015, que de acuerdo Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), representa peligro para el país, principalmente porque un considerable porcentaje de niños no fue inmunizado el año pasado contra esta infección, debido al desabastecimiento de dosis.

“El mayor riesgo es que un caso puede convertirse en brote, eso es preocupante”, afirmó Calderón, quien apuntæo que la crisis se agravaría más porque no hay capacidad de respuesta.

Luis Monterroso, ministro de Salud, explicó que se hizo la verificación de los casos sospechosos denunciados en Alta Verapaz y Petén, y que están en investigación.

Adrián Chávez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), añadió que el hecho de que haya reporte de posibles casos es positivo, pues significa que se está en alerta en la vigilancia epidemiológica y que los cuadros podrían no ser de sarampión.


09:58 a.m
Fuente: El Periódico


EG denuncia a Ministros por estados de calamidad

Ejecutivo señala que cuentan con un equipo legal y esperarán respuestas del ente investigador. 


Montenegro señala que los funcionarios también han fraccionado las compras realizadas.

Las prórrogas del Ejecutivo

8 por sismo ocurrido el 7 de julio de 2014.

4 por canícula prolongada (sequía) ocurrida en agosto de 2014.

Nineth Montenegro, jefa de bancada de Encuentro por Guatemala (EG), presentó ayer una denuncia penal en contra del Consejo de Ministros, por los delitos de concusión y fraude. La acción va encauzada a la prolongación de los estados de calamidad planteados por el Ejecutivo.

La congresista cuestionó las compras excesivas por excepción que ha hecho el Estado, en las que se han incluido gastos “superfluos” como la adquisición de playeras, gorras, tarimas, sonido, refacciones, almuerzos, entre otros rubros. Los titulares de Desarrollo Social, Comunicaciones, Cultura y todas las instituciones que han tenido participación en el aprovechamiento de los estados de calamidad –terremoto y sequía– son los denunciados.

La acusación fue recibida por el Ministerio Público (MP) el miércoles pasado, en el que, además, expone la responsabilidad de funcionarios por fraccionar las compras. Montenegro cuestionó, además, la “carencia” del Gobierno en entregar los informes circunstanciados en los que se detallen las compras, montos, empresas y beneficiarios.

Sin informar

Montenegro solicitó esta semana, a la Junta Directiva del Congreso, los resultados que se han obtenido de los estados de calamidad, petición que por segunda ocasión los directivos hicieron a la Secretaría General de la Presidencia.

Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, respondió ante la primera solicitud del Congreso, que de acuerdo al Artículo 32 de la Ley de Orden Público “el informe circunstanciado de las medidas tomadas durante la emergencia, se entregará cuando haya cesado la vigencia del decreto”.

En la carta oficial, Martínez, reitera que “oportunamente” se entregarán los informes solicitados. Jorge Ortega, vocero de la Presidencia, indicó que el Ejecutivo es respetuoso de la ley y esperarán lo que ordenen los tribunales de justicia.

El funcionario justificó que el atraso de la información solicitada por el Congreso obedece a que aún están en proceso de recolección de datos de ambos estados de calamidad. “Las cifras no están sobre la mesa, por ello no se han presentado públicamente los informes”, consignó.

Sin sesionar

Ayer, el Pleno cumplió 12 sesiones sin discutir las solicitudes de prolongación de estos procesos de emergencia. En las dos últimas lecturas se dio a conocer la cuarta prórroga del Estado de Calamidad por el tema de sequía y la octava por el terremoto acaecido en San Marcos. En tanto, la UNE ha accionado legalmente en contra del Legislativo, por no cumplir con conocer, ratificar, modificar o improbar cualquier solicitud de limitación a los derechos constitucionales.


09:34 a.m
Fuente: Prensa Libre

Jefe de Policía Municipal de Mazatenango muere baleado

Roberto González, jefe de la Policía Municipal Preventiva de Mazatenango, Suchitepéquez, murió este viernes en ataque armado en la colonia La Soledad, zona 2 de Mazatenango, Suchitepéquez, reportaron fuentes oficiales.


El cuerpo de Roberto González quedó a un costado de su vehículo. (Foto Prensa Libre: Danilo López)

MAZATENANGO.- El ataque se registró cuando González retornaba, en su vehículo, a su vivienda luego de haber llevado a sus hijos al colegio, según reportes de las autoridades.

De acuerdo con la información, el funcionario municipal descendió del automotor P-156 DCL para efectuar unas comprar en una tienda, pero cuando abordaba el vehículo fua atacado a balazos por desconocidos.

Las autoridades investigan el móvil del crimen y efectúan operativos en busca de los responsables.

Otro caso

El 19 de enero de este año, Teodoro García Machic, de 54 años, director de la Policía Municipal de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez, murió baleado por delincuentes que saqueaban una casa y que fueron descubiertos por el funcionario.

 



García Machic fue oficial tercero de la Policía Nacional Civil y el 8 de octubre de 2010 fue detenido y llevado a prisión, sindicado de cometer el delito de lesiones leves y cohecho pasivo.

09:05 a.m
Fuente: Emisoras Unidas 89.7 FM

Operativo contra pandilleros deja 17 capturados


       Operativo contra pandilleros deja 17 capturados
Varios allanamientos en Ciudad Capital, Villa Nueva, Amatitlán y Mixco en busqueda de extorsionistas. Fotografía Daniel Tzoc.

En un operativo donde se han coordinador 45 allanamientos para hacer efectivas 30 órdenes de captura contra integrantes de la clica “Solo Raperos” de la mara 18, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) reportan de manera preliminar la detención de 17 personas y la incautación de por lo menos cuatro armas de fuego.

Los allanamientos se han efectuado en las zonas 12, 18 y 19 de la capital, así como en inmuebles ubicados en Mixco, Amatitlán y Villa Nueva.

Según el MP, las órdenes de captura fueron emitidas por los Juzgados Décimo y Undécimo de Instancia Penal por los delitos de delitos como asesinato, conspiración para el asesinato, secuestro y asociación ilícita.

La investigación de la policía y de fiscales da cuenta que los pandilleros son los responsables de extorsionar a propietarios de comercios, taxistas, moto-taxis, transporte, así como de secuestro, traslado y compra de artefactos explosivos, armas de fuego y asesinatos en diferentes sectores de la ciudad de Guatemala.

De manera preliminar se reportó la incautación de cuatro armas de fuego entre ellas una escopeta calibre 12 y un revólver.

Algunas personas han sido detenidas en flagrancia y otras por orden de captura. De los 17, al menos seis son menores de edad, se informó.

08:10 a.m
Fuente: Publi News

TSE revela segundo caso de afiliaciones anómalas

Leopoldo Guerra, director interino del Registro de Ciudadanos del TSE, informó que se detectaron afiliaciones anómalas en los listados del comité pro formación del PPT




A menos de tres meses para la convocatoria de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) detectó el segundo caso de firmas falsas en las afiliaciones de un partido político.

Esta vez se trata del comité pro formación del Partido Productividad y Trabajo (PPT). Leopoldo Guerra, director interino del Registro de las Personas del TSE, explicó que se evidenciaron 11 mil 900 afiliaciones anómalas.

De acuerdo con Guerra, las firmas no corresponden con datos del Registro Nacional de las Personas. “Ahora, lo que procede es depurar el listado. Con esto, creo que la agrupación quedaría fuera de la contienda, porque no alcanzarán los 22 mil 23 afiliados que la ley le exige para que participe en los comicios de este año”, añadió.

El secretario general del comité, Edgar Rodríguez, aseguró que se trata de una “persecución” política, debido a que la próxima semana firmarán el acta para convertirse en un partido. “Somos gente nueva”, añadió.

La semana pasada Guerra reveló que el Partido Libertador Progresista (PLP) –que puso sus ojos en Zury Ríos para que sea su aspirante a la presidencia– fue señalada de falsificar 12 mil firmas.

Según el artículo 19 de la Ley Electoral, las agrupaciones políticas debían contar el pasado 2 de febrero con 22 mil 23 afiliados, es decir 0.30 por ciento del padrón electoral de los comicios de 2011, que fue de siete millones 340 mil 841 ciudadanos, para quedar vigente en el proceso de este año.

Por la mañana, después de la reunión mensual de los magistrados del TSE con los representantes de los partidos, el PAN presentó una denuncia en contra de seis agrupaciones por supuesta campaña anticipada.

“El PP, Líder, la UNE, Creo, Todos y la UCN han disfrazado sus jornadas de afiliación y siguen en plena propaganda fuera de tiempo”, afirmó Fernando Linares Beltranena, del PAN.

Apresuran recursos

Los magistrados del TSE se reunieron con los jefes de bloque y el ministro de Finanzas, Dorval Carías, para justificar la ampliación presupuestaria de Q189 que necesita la institución electoral. De acuerdo con Rudy Pineda, presidente de la institución electoral, en el presupuesto de este año se incluyeron Q500 millones para el proceso electoral; sin embargo, se necesitan Q189 millones más para preparar de mejor manera los comicios.

Al finalizar la reunión, Carías expuso que el próximo jueves le presentará al Legislativo un informe de las alternativas que existen para obtener el dinero. “Sea cual sea la manera, los recursos se adjudicarán antes del 2 de abril, fecha que por ley el TSE debe tener los fondos”, añadió.


07:36 a.m
Fuente: Siglo 21

Aumentan casos de menores en conflicto con la ley penal


Las estadísticas de las entidades que se encargan de velar por los menores en conflicto con la ley penal registran un aumento del 49%, en dos años, de la participación de estos en hechos delictivos, principalmente, en el tema de la extorsión, sicariato, robo, maltrato, violencia contra la mujer y distribución y ventas de droga.


           Aumentan casos de menores en conflicto con la ley penal
En Etapa 2, de San José Pinula, hay 187 menores privados de libertad. Foto archivo/s21

La Secretaría de Bienestar Social muestra que en 2012 había 746 menores privados de libertad, en 2013 llegaron a 867, y en 2014 subió a mil 117. En lo que va del año hay 11 casos más.

A estas cifras hay que sumar otros mil menores, quienes están bajo libertad condicionada, la cual es aplicada a quienes cometieron faltas y son entregados a los padres para su custodia.

Fiscales y miembros de la unidad antipandillas de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguran que estos grupos usan menores por ser inimputables, pues según la ley no reciben penas mayores a seis años de prisión.

“Los menores se dedican a las extorsiones de comerciantes y también a asesinar a todo aquel que no pague la cuota, por órdenes de los líderes de la pandilla”, aseguraron los miembros de esta unidad de investigación.

Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, añadió que los grupos criminales se dedican a contratar y entrenar a menores de edad como “sicarios”, debido a que la legislación guatemalteca contempla que no pueden ser procesados como delitos penales.

Según las cifras oficiales, los menores que más hechos delictivos cometen son los que tienen 17 años, debido a que si son sentenciados, pasarán seis años en estas correccionales.

“El 60% son menores de 17, que cuando cometen el delito se quedan cumpliendo la sanción en los centros de menores, aunque ya sean adultos”, explica René López, asesor de la Secretaría de Bienestar Social.

Los números también revelan que de los mil 128 capturados, no menos de 147 son mujeres.

Casos en el último mes

El 12 de febrero, la Policía detuvo a dos adolescentes, de 15 y 17 años, que supuestamente asaltaban a transeúntes en la zona 1. Ese mismo día tres menores fueron capturados en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, por llevar municiones, droga y un vehículo con reporte de robo.

Ese día también se dio la detención de dos menores en la zona 6, a quienes se les sindica de ser supuestos sicarios; estos llevaban municiones, droga y un vehículo con reporte de robo.

El 16 de febrero, un adolescente de 14 años, según la Policía, aseguró que le pagaron Q100 y que le entregaron el arma de fuego que usó para atacar al piloto de un autobús de la ruta 80. En el hecho resultó herido de bala un ayudante, en el extremo de buses de la colonia Santa Faz, zona 6 de Chinautla.

El Ministerio Público reveló que los menores son usados como banderas para ir a cobrar el producto de la extorsión, como pistoleros, para trasladar el efectivo de un lugar a otro, así como para guardar las armas mientras estas “se enfrían” o pasan desapercibidas en las pesquisas.


07:19 a.m
Fuente: El Periódico

"Hay esfuerzos de organizaciones criminales por tener control de las instituciones estatales”

En octubre de 2013, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez asumió la dirección de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desde entonces ha manejado un perfil bajo ante los medios de comunicación, en comparación con sus antecesores. A seis meses del probable fin de su trabajo, habló con elPeriódico sobre esa posibilidad y los comentarios del presidente Otto Pérez Molina, que dejaron entrever su desacuerdo con su continuación.


Iván Velásquez, titular de la CICIG

"La CICIG es un proyecto único en el mundo, al ser una confluencia de países para que un órgano internacional incida de manera muy directa en el sistema de justicia”.

"La justicia no transforma un país, son muchos otros factores y complejos componentes que transforman al país, la justicia contribuye a la transformación o genera condiciones propicias para la transformación ”.

¿Qué ha significado para usted estar frente a la CICIG?

– Ha sido una experiencia constructiva porque la CICIG es un proyecto único en el mundo, al ser una confluencia de países para que un órgano internacional incida de manera muy directa en el sistema de justicia, a través de investigaciones criminales en una nación. Me ha hecho entender ciertas relaciones de poder, como la posibilidad de observar cómo se viene penetrando el crimen organizado en muchos sectores del territorio y la sociedad. Además, reflexionar sobre similitudes de procesos vividos en Guatemala y en Colombia.

¿Cuáles son esas similitudes?

– Yo creo que en casi todos los órdenes, si se mira desde el punto de vista de la cooptación del Estado por el crimen organizado, Colombia vivió un proceso muy complicado con el surgimiento del narcotráfico y la extensión que se produjo desde los años ochenta como una introducción en la sociedad, pero después, en los noventa también en sectores muy definidos del territorio colombiano: vínculos de unas autodefensas, administraciones municipales, asociaciones comunales, en las gobernaciones y hasta en el Congreso, tal como se observó en 2002, cuando se comprobó que más del 35 por ciento de los miembros del Congreso tenían esos vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Esa historia tiene mucha similitud con Guatemala, en la manera como se va viendo que en algunos municipios del país el narcotráfico está cooptando las administraciones municipales en el tema de contrataciones y en todo lo que las comunas se realizan, ahora todo eso está siendo intermediado por el narcotráfico o en favor de esas organizaciones.

Respecto a la justicia, ¿qué similitudes ha encontrado?

– El tema de la justicia tiene mucha relación. En Colombia, antes de 1990, había poco desarrollo en la carrera judicial e injerencia externa en el poder judicial, que todavía no se ha superado plenamente, pero sí mejorado, lo cual hacía de la justicia un instrumento de otros intereses, de otros órganos del Estado o de sectores externos, poderes que tenían la justicia a su servicio. Sin calificar que sea bueno o malo, el sistema de justicia de Guatemala solo con estas comparaciones tiene una similitud con el que existía en Colombia.

¿Entonces, considera que el Estado de Guatemala está cooptado?

– No. Hay esfuerzos de organizaciones criminales por tener control de las instituciones estatales. Sobre en qué medida han logrado avanzar, es un tema que solo por investigaciones criminales o sociales se podría definir, pero que hay un interés del crimen organizado por tener control de instituciones, sí es evidente, esa es la naturaleza de estos grupos en todo el mundo. Sin embargo, no podría afirmarse, porque cuando se afirma que hay una cooptación como una labor concluida, ya es un tema complicado.

¿Pero sí piensa que existen grupos que tienen el control de algunas instituciones?

– Que han penetrado sí, pero no sé si llegan al punto del control total. En algunas regiones del país ha existido una mayor capacidad de penetración, pero no podría señalar una institución o un poder del Estado.

¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones del presidente Otto Pérez, que afirmó que la CICIG ya no es necesaria en el país?

– Las valoraciones acerca de la necesidad de permanencia o no, corresponden a otras instancias, nosotros insistimos siempre en que no tenemos capacidad de incidencia en una decisión de esa naturaleza, nosotros simplemente estamos en la disposición de prestar la contribución que se reclame en la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia. La valoración que haga el Presidente u otras entidades, es un dictamen que les corresponde a ellos, nosotros fuimos invitados por la comisión evaluadora y nos preguntaron, “¿qué es lo que ustedes han hecho y cuál podría ser la importancia de eso?”, fue entonces que presentamos nuestro balance, sin que eso sea forzosamente que nosotros somos o no necesarios.

¿Esa valoración del Presidente significó que ya no habrá más CICIG?

– O podría ser una consideración, de acuerdo con su percepción, de que la CICIG había cumplido con su función, sería una conclusión igualmente válida. Mientras no haya una explicación más profunda, uno podría sacar o extraer conclusiones muy diversas, hasta contradictorias, por una sola afirmación de esa naturaleza.

En esa misma entrevista, afirmó que la CICIG no había desarticulado a organizaciones paralelas dentro del Estado, sino solo bandas criminales, ¿qué opinión le merece esa afirmación?

– En el convenio firmado por el Gobierno de Guatemala y la ONU, cuando se le concede un mandato a la CICIG, para la identificación, desarticulación, prevención y no repetición de la existencia de estructuras criminales y Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), se tenía una connotación muy específica, tal vez entendida desde los derechos humanos como cuerpos paralelos que afectaban la disidencia, que actuaban en operaciones de limpieza social o acciones de esa naturaleza, pero cuando se va desarrollando en el tiempo, ese mismo concepto va ajustándose de acuerdo con la mutación de esas estructuras paralelas. En el propio mandato aparece dicho que los CIACS son unas estructuras criminales que afectan derechos civiles y políticos de la población, que en virtud de su relación directa o indirecta con agentes del Estado, o por ellos mismos, se propicia impunidad, y en eso hay una concepción que no solo apareció expresada por el Presidente, sino que se escucha de manera más generalizada, como que la existencia de un CIACS está determinada porque existen funcionarios del Estado vinculados a la estructura. Pero ni en la definición del mandato ni en la realidad como ocurren las cosas. Yo, mirando en la realidad y en el funcionamiento de estructuras como la de Haroldo Mendoza, creo que es un CIACS, no hay funcionarios vinculados y eso no le resta la calidad de CIACS, pero era una organización criminal que tiene un control de territorio y población y en niveles superiores, tiene sus negocios lícitos e ilícitos, y con su capacidad e intimidación se propició una verdadera impunidad. No podemos examinar el tema de los CIACS como se hacía hace 30 años, las organizaciones van mutando.



¿Es la CICIG capaz de enfrentar esas estructuras que han mutado?

– En eso hay algo que debería quedar claro: la justicia no transforma un país, son muchos otros factores y complejos componentes que transforman al país, la justicia contribuye a la transformación o genera condiciones propicias para la transformación. Que en algunos fenómenos criminales no haya habido en el país un avance sustancial, no se debe a que no se hizo lo necesario de parte de la CICIG, se debe a la falta de todos los órganos del Estado, dicho de otra forma: La CICIG no es un ángel salvador, nadie lo debería entender como el mesías que llega y salva a un país, mucho menos a una comunidad, no se puede entender así, es apenas un proyecto que tiene una función de actuar contra la impunidad y por el verdadero acceso a la justicia. Está en el mandato que una de las acciones es contribuir al fortalecimiento institucional, sin dejar descansar en los hombros de la CICIG la responsabilidad de lo que sucede en un país.

¿Cuáles serían los CIACS que están relacionados directamente con el Estado?

– Hay evidentes, pero el problema es la calificación de si es o no un CIACS. Las investigaciones que ha adelantado la CICIG durante estos siete años se ven en las acciones contra el narcotráfico, contra organizaciones del narcotráfico que mataron a agentes de la Policía Nacional Civil, casos por ejecuciones extrajudiciales, entre otras.

¿En qué otros puntos ha contribuido?

– Se ha contribuido, por ejemplo, en las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, el establecimiento de la unidad de métodos especiales de investigación y el desarrollo de las escuchas telefónicas como instrumento en la actividad de una investigación criminal y las propuestas de reformas legales que hizo la CICIG, muchas de las cuales se convirtieron en ley. El tema de la extinción de dominio, también es un ejemplo.

¿Cómo calificaría el trabajo de la CICIG en estos siete años?

– Ha sido un trabajo positivo. Muchas circunstancias han rodeado algunas actividades de la CICIG y han sido cuestionadas, pero no han sido suficientes para desvirtuar los logros que la Comisión ha tenido. Yo puedo afirmar que la CICIG ha sido provechosa para el país, ha contribuido a un desarrollo institucional, que de acuerdo con las valoraciones que se hagan internamente, ha sido esa consolidación, en cuanto a los tres elementos a los que se dirige su mandato: investigación criminal, propuestas de reformas o políticas públicas y transferencia de capacidades.

¿Cree que su trabajo ha sido mejor que el de sus antecesores?

– No. No creo. Pero creo que la CICIG ha hecho cosas muy importantes en el pasado. Esta es una organización que ha acumulado experiencia, no se cambia con cada mandato, con cada extensión de mandato, de manera que el núcleo permanece, y con esa posibilidad de continuar en su integración hace que las experiencias no se pierdan y que esa acumulación de experiencia sea la que permita desarrollar otras actividades, que pudieran verse como que hubiera una situación diferente. La Comisión ha realizado acciones muy importantes, ha hecho y aportado a la institucionalidad nacional durante los siete años.

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