La destrucción causada por el huracán María, ha develado aún más, la condición colonial de Puerto Rico

La destrucción causada por el huracán María, ha develado aún más, la condición colonial de Puerto Rico

Fuente:Rebelión,03/10/2017 08:21 am

El propósito de este texto es generar el debate sobre la condición colonial de Puerto Rico y hacer un llamado para que el gobierno de EE.UU. derogue definitivamente el Acta Jones y la ley PROMESA que están asfixiando a la Isla.



La destruccio?n causada por el huraca?n María ha develado au?n ma?s la condicio?n colonial de Puerto Rico, donde millones de personas se enfrentan hoy a una lucha entre la vida y la muerte. La crisis financiera creada por la banca norteamericana y leyes coloniales tales como PROMESA y el Acta Jones (Leyes de Cabotaje de 1920) son mecanismos legales que impiden dicha recuperacio?n, poniendo en tela de juicio el valor mismo de la ciudadani?a americana en la isla. La urgencia de la situacio?n requiere una respuesta política.

El estado de hecho


Puerto Rico esta? atravesando una crisis humanitaria como consecuencia del huraca?n María, que asolo? la isla el mie?rcoles, 20 de septiembre, como un huraca?n de categoría cuatro. Inmediatamente, por razones de seguridad, el gobernador declaro? un toque de queda de siete a seis de la tarde, que continu?a vigente indefinidamente. Diez di?as despue?s del evento, todavía cientos de comunidades se hallan aisladas e inundadas, carentes de alimentos y agua potable por razo?n de la destruccio?n de las autopistas y carreteras, sumiendo en la incomunicacio?n a pueblos, barriadas y ciudades. Tampoco se han restablecido los servicios de telefonía, internet, agua potable ni electricidad en la mayor parte del país. El radar meteorolo?gico esta? destruido, así tambie?n como las torres de vigilancia del aeropuerto internacional.

Existe una crisis de salubridad pu?blica, dadas las condiciones precarias en los hospitales y la inminencia de epidemias a causa de la contaminacio?n de las aguas. Ciudades, pueblos y barriadas fuera del a?rea metropolitana han sido abandonados y los esfuerzos se concentran en San Juan. El a?rea oeste, por ejemplo, carece de los servicios mínimos. Las ima?genes compartidas por los medios de prensa muestran a periodistas y meteoro?logos conmovidos con el drama humano ocasionado por el desastre.

Lo que au?n no se discute en dichos reportajes es un plan coherente de accio?n a corto y largo plazo para mover al pai?s hacia adelante, especialmente respecto a lo que ma?s urge. Tampoco parece existir un plan de mitigacio?n y no se aducen las razones de la falta de circulacio?n de provisiones y ropa. Se desconoce hacia do?nde se dirige el pai?s. Inmersos en el espacio de la precariedad, la fuerza se concentra en la sobrevivencia y au?n no es visible un ana?lisis sensato de naturaleza política de la experiencia que se vive al presente. Muchos ya han decidido abandonar el país, como se demostro? el primer día en que se abrio? el aeropuerto internacional. Es una imagen cruel en donde contemplamos co?mo la urgencia de la situacio?n y la ausencia de un plan de accio?n inmediata vacían al país. El peor resultado sería el silenciamiento de cualquier voz disidente. Las medidas de emergencia han creado un estado de excepcio?n, u?til para impulsar normas de austeridad que en nada benefician a Puerto Rico, un pai?s ya devastado por el desastre financiero de una deuda impagable.

Las islas que conforman la cuenca del Caribe han sufrido los embates de dos fuerzas huracanadas mayores en el mes de septiembre: Irma y María. Las islas de Cuba, Repu?blica Dominicana, Dominica, Barbuda, las Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, St. Kitts y Puerto Rico son estados política y geogra?ficamente precarios, por razo?n de su condicio?n de isla y por su condicio?n política colonial. “Provincias de ultramar” se las llamaba, por razo?n de su dependencia poli?tica con respecto a un territorio metropolitano. El mundo ha contemplado en estos di?as recientes lo que la historia ya ha hecho evidente ante nuestros ojos: nuestras fronteras marítimas y ae?reas son controladas por agencias norteamericanas.

Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, cuyo vínculo político emana de una invasio?n despue?s de la cual se impuso la ciudadanía norteamericana, y una secuela de leyes que solo sirven para consolidar el vínculo servil y lastrar la posibilidad de la soberanía y la emancipacio?n. La ciudadanía norteamericana tuvo como secuela inmediata el reclutamiento de puertorriquen?os en el servicio militar obligatorio durante las guerras mundiales, así como la Ley Jones sirve para controlar y duplicar el costo de los bienes materiales que llegan a puerto, pues solo barcos norteamericanos esta?n legitimados comercialmente.

La reciente ley PROMESA (un acro?nimo cínico e injuriante que designa las siglas de una junta de acreedores) y que le impone a Puerto Rico y sus habitantes el pago de millones de do?lares y medidas extremas de austeridad ni siquiera se ha auditado. PROMESA se ha convertido en un cuerpo supra gubernamental con control absoluto sobre las finanzas, las leyes y los reglamentos vigentes en Puerto Rico. PROMESA es el acto congresional ma?s oneroso que ratifica la autoridad colonial sobre Puerto Rico y constituye una expresa violacio?n de los principios de la democracia, el republicanismo y la soberani?a popular. En ello estriba la necesidad de derogar PROMESA y la Ley Jones, pues en su convergencia juri?dica coagula el dominio del poder colonial con el propo?sito de conservar y avanzar los intereses econo?mico-poli?ticos de la metro?polis. En este momento, cuando prevalece una crisis humanitaria en Puerto Rico, no existe un a?pice de intere?s que mueva a Washington a derogar permanentemente ambas leyes a fin de que redunde a favor de los intereses del pueblo puertorriquen?o en estos tiempos aciagos.

La ciudadani?a norteamericana, en estas circunstancias, no es un privilegio, sino un carimbo impuesto al esclavo para marcarlo, de forma que rinda con su cuerpo un de?bito extran?o bajo las circunstancias ma?s acuciantes. Se trata de una ciudadani?a precaria, sujeta a los li?mites que el Congreso precisa, sin ninguna interpelacio?n del sujeto a quien se le impone. En estas circunstancias, ser una colonia norteamericana y ser ciudadanos de los EEUU no concede ninguno de los derechos obtenidos por zonas impactadas por los mismos sucesos en territorios norteamericanos. Todo lo contrario. Ma?s bien, la ciudadani?a nos convierte en rehenes, en entes prescindibles y en vi?ctimas de una caridad calculada. Es necesario abolir el Acta Jones, que impone restricciones de ingreso de otros buques a la isla, siquiera para tender una mano solidaria. Es necesario abolir la Ley PROMESA, pues Puerto Rico no puede reconstruirse sobre la base de una deuda impagable y fraudulenta. Ambas leyes condenan al país a un futuro econo?mico insostenible que intensificara? el e?xodo de los puertorriquen?os fuera de su isla.

La “ayuda” controlada hasta este momento por los Estados Unidos a trave?s de FEMA transforma las coordenadas de interpretacio?n de este evento. En primer lugar, porque somete a los habitantes de un territorio en crisis a lo que pueda realizar una agencia federal, excluyendo la ayuda que pueda provenir de otros pai?ses en este momento cri?tico. Ma?s alla? del paternalismo que ello implica, convierte a los puertorriquen?os en rehenes de su condicio?n colonial. Al explotarse el momento de precariedad fi?sica por la que pasan, promueve el que devenga servilismo psicolo?gico. Hay que preocuparse por la imagen del puertorriquen?o que puede crearse a partir de esta emergencia, ahora que ma?s fra?gil y precarias son las condiciones, mientras incrementan y se tornan ma?s visibles los uniformes.

Se propicia el chantaje sentimental, se demora el esfuerzo ante una poblacio?n que el gobierno federal considera prescindible y se confirma la indiferencia con el cercenamiento de la solidaridad con otros pueblos hermanos al impedirse que fluya otro tipo de ayuda.

Se reduce al puertorriquen?o al “amparo” de un pai?s, se bloquean otras ayudas humanitarias, se le coloca al borde de la desaparicio?n arriesgando la vida de miles que au?n se hallan incomunicados.

Se desconoce el fin u?ltimo de este toldo de ayuda federal. La creciente militarizacio?n de dicha ayuda humanitaria en un momento en que los puertorriquen?os esta?n absolutamente incomunicados y desprovistos no anuncian un futuro claro.

Torna la inminente transformacio?n de este estado de emergencia en una oportunidad para medrar econo?micamente, mientras cientos de personas mueren por falta de agua, alimentos y tratamiento me?dico. Ninguna razo?n poli?tica o econo?mica justifica la muerte de pacientes de diabetes que no poseen los medios para enfriar sus dosis de insulina ni la de pacientes de dia?lisis que han visto sus tratamientos interrumpidos por falta de electricidad. Las consecuencias de este bloqueo a la solidaridad podri?an ser mayores que las vi?ctimas producidas por el huraca?n mismo. En medio de una crisis humanitaria, el Presidente insiste en ratificar y exigir el cumplimiento del pago de la deuda crediticia. Ante su posicio?n, es necesario acudir a otros medios. Es preciso abolir la Ley PROMESA. No es hora de invocar los falsos derechos inherentes a una ciudadani?a de segundo grado, sino clamar por el derecho de todo ser humano a la vida.


Ante esta situación de hechos, exigimos:

- el reconocimiento de un estado de crisis humanitaria.
- la derogacio?n inmediata del Acta Jones (Ley de la Marina Mercante de 1920) para Puerto Rico y de la Ley PROMESA.
- no condicionar la ayuda provista por las agencias federales.
- la apertura de los puertos a todos los que deseen solidarizarse con el pueblo puertorriquen?o.
- el restablecimiento de todos los medios de comunicacio?n por tierra de toda la isla.
- fondos y asistencia para los miles de personas sin casa, agua, alimentos y servicios de electricidad.



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