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03:46 p.m.
Fuente: Gobierno

Espada pide revisar programas de vicepresidencia y Plan Trifinio
Como encargado de velar por la transparencia, el Vicepresidente Rafael Espada solicitó al Contralor de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos, se realice una estricta revisión a los programas que han estado a cargo de la Vicepresidencia en los últimos años y en especial a la ejecución de proyectos del Plan Trifinio.

El Vicemandatario asegura que esta revisión no se limitara al balance del 2,009, ya que requirió que por los menos esta investigación se realice de las administraciones de 10 años atrás. Y aunque el Doctor Espada no especifico el tipo de anomalías por la cual existen dudas, aseguro que podría ser irregularidades en la ejecución y efectividad de los proyectos.

“Me llamo a atención este problema, porque tal vez pueda ser un problema serio”, afirmó Espada indicando que el Plan Trifinio desde hace más de 25 años contempla un plan específico que es financiado por la Unión Europea, para el impulso del desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador,

Asimismo el Vicepresidente Espada en otro tema aseguró que solicito a las autoridades el Organismo Judicial, se agilicen los procesos de personas vinculadas a casos de corrupción, ya que en la actualidad existen más de 50 gestiones que tiene más de 10 años de retraso, por lo que es necesario darles continuidad.

12:50 p.m.
Fuente: Emisoras Unidas 89.7 FM y Radio Punto 90.5 FM


París pone a Costa Rica, Guatemala y Panamá en su lista de paraísos fiscales
Las autoridades francesas han elaborado su propia lista de países considerados como "paraísos fiscales" en la que figuran 18 territorios, entre ellos Costa Rica, Guatemala y Panamá.

La lista, adelantada hoy por el diario "Le Figaro", estará en vigor hasta el 1 de enero de 2011 y servirá para que las empresas francesas instaladas en esos países sean penalizadas mediante un aumento de la fiscalidad.

En la lista avanzada por el periódico, que confirmaron fuentes oficiales, y elaborada entre los ministros de Presupuesto (Eric Woerth) y Economía (Christine Lagarde) no figura ningún territorio en Europa.

Se trata de Anguila, Belice, Brunei, Dominica, Granada, Guatemala, Islas Cook, Islas Marshall, Liberia, Nauru, Niue, Panamá, Filipinas, Saint-Kitts-et-Nevis, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas.

La inclusión de Panamá en la lista se conoce después de que ese país y Francia alcanzaran el pasado enero un acuerdo para evitar la doble tributación, ocasión en la que París manifestó su satisfacción por los esfuerzos de Panamá en materia de transparencia fiscal.

En esta lista conocida hoy, con fuerte representación centroamericana y caribeña, no figuran por el contrario ni Chile ni Uruguay, que habían sido mencionados en el pasado como países que no prestan suficiente cooperación en materia de intercambio de información fiscal.

En la lista tampoco figura Andorra, que firmó el pasado septiembre un acuerdo de intercambio de información en materia fiscal con Francia, uno de los pasos dados por el Principado para salir de las listas de "paraísos fiscales" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Suiza, que el viernes pasado accedió a reanudar el proceso de ratificación de intercambio de información fiscal con Francia, no está tampoco en la lista revelada hoy.

Según el diario galo, las empresas francesas instaladas los territorios incluidos en la lista recibirán un tratamiento fiscal más duro, como por ejemplo mediante un incremento de la retención en origen sobre las rentas pasivas, que se aumentarán al 50% cuando se paguen a una entidad con presencia en los países mencionados.

Las medidas, según la fuente, comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de marzo.

La OCDE estableció en abril de 2009, a instancias del G-20, una distinción entre los países que se han comprometido a cumplir las normas internacionales en materia de cooperación fiscal y los que no han hecho intención de modificar su comportamiento.

Entonces confeccionó una "lista negra" con los países que no respetaban los estándares internacionales de intercambio de información financiera con objetivos fiscales. Malasia, Costa Rica, Uruguay y Filipinas formaban parte de ella, pero fueron retirados días después.

Además elaboró una "lista gris" que incluía a los 38 centros financieros que se habían comprometido a adoptar las normas de transparencia y de intercambio de informaciones en materia fiscal, pero no habían materializado sus promesas, a los que se añadieron los cuatro países de la "lista negra".

Actualmente, un total de 25 países siguen sin cumplir los requisitos formales que el G20 había establecido para luchar contra los paraísos fiscales, según los datos comunicados el pasado enero por la OCDE.

Esos 25 países figuran en la "lista gris" de la OCDE porque ni siquiera han llegado a firmar 12 convenciones de intercambio de información fiscal.

Fuente: Prensa Libre

Francia coloca a Guatemala en su “lista negra” de paraísos fiscales

París –
Guatemala, Costa Rica y Panamá, así como varios países del Caribe, figuran en la “lista negra” de paraísos fiscales elaborada por Francia, que incluye en ella a 18 países, según una copia del documento.

Se trata de una lista en la que el gobierno francés establece para 2010 los “Estados y territorios no cooperadores” en materia fiscal.

Además de esos tres países centroamericanos figuran, entre otros, Belice, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas.

Se trata de los países no miembros de la Unión Europea (UE) y que figuran en una lista establecida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

La lista de la OCDE abarca 23 países, aunque Francia excluyó de su nómina a los Estados que ya firmaron con ella un acuerdo de intercambio de informaciones fiscales.

Para castigar a estos 18 paraísos fiscales, Francia va a imponer un arancel de 50 por ciento (contra 0 a 33 por ciento antes) a los dividendos, intereses y ganancias otorgados por entidades francesas a destinatarios con domicilio en esos territorios.


Funente:  Prensa Libre

Fiscalía persigue a 17 por lavado de fondos ediles
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero inició acciones para capturar a 17 personas —10 ex funcionarios ediles, un familiar de estos y seis representantes de empresas— acusadas de lavado de fondos de por lo menos seis alcaldías del país. Todas se encuentran prófugas de la justicia.

Otras cinco personas involucradas en esas anomalias fueron capturadas, aunque se les otorgó fianza.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos, reportó varias transacciones sospechosas en las alcaldías de San Jacinto, Chiquimula; Chiquimulilla, Santa Rosa; Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Agua Blanca, Jutiapa; Iztapa, Escuintla, y Pajapita, San Marcos.

Dichas operaciones se llevaron a cabo entre marzo del 2004 y noviembre del 2006. Los investigadores calculan que, en total, el país perdió alrededor de Q7 millones en acciones fraudulentas cometidas directamente por alcaldes, tesoreros, secretarios y concejales cuando desempeñaban esos cargos.

Tras analizar las transacciones sospechosas, los investigadores detectaron tres formas de operar: simular una construcción, utilizar a testaferros y la apropiación directa de fondos.
De manos de los empresarios

Quienes simularon la construcción de obras fueron el alcalde de San Jacinto, Juventino Antonio Morales Guerra, y su tesorero, Eliseo Ramos Pérez. Para ello entregaron fondos al representante de una empresa, quien luego los regresó a los funcionarios.

Ambos jefes ediles le dieron Q667 mil a la empresa Proyectos, Insumos, Consultoría y Servicios S.A. (Proicsa), cuyo representante legal es Santos Alejandro Villatoro López.
Por eso el Juzgado de Primera Instancia de Chiquimula giró orden de captura contra ellos, sindicados de peculado, concusión y lavado de dinero; sin embargo, un juez les dio libertad bajo fianza de Q25 mil, Q20 mil y Q15 mil, respectivamente, afirmó el MP.

Los movimientos bancarios de los acusados revelan que el 8 de febrero del 2006 el tesorero giró un primer cheque por Q241 mil a favor de Proicsa, de los cuales la empresa depositó Q10 mil en una cuenta de Morales Guerra.

Diecisiete días después, la misma empresa recibió otro cheque por Q40 mil, cifra que fue devuelta a la cuenta privada del alcalde.

Dos cheques más, por Q317 mil y Q69 mil, fueron emitidos en días posteriores a la misma entidad, la cual entregó otros Q70 mil al entonces jefe edil.

El ex tesorero Ramos Pérez también hizo de las suyas, y sustrajo Q130 mil. Con estos fondos pagó en un banco del sistema Q114 mil 710.85 para amortizar parte de una deuda de Morales.

Similar situación ocurrió en Antigua Guatemala, durante la administración municipal de César Siliézar Portillo, quien se apropió de fondos en contubernio con su tesorero, Virgilio Dagoberto Velásquez Barrios, y el propietario de la empresa Constru-Vent, Édgar Adolfo Porras y Porras.

La captura de estos fue autorizada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, el cual después se inhibió de seguir conociendo el caso, y lo trasladó al Juzgado de Antigua Guatemala.

Según las pesquisas, Porras recibió Q600 mil, en el 2006, para la supuesta construcción de obras. El primer desembolso, de Q300 mil, se efectuó el 15 de noviembre de ese año, pero Porras depositó la cifra exacta en una cuenta de Velásquez.

Los otros Q300 mil los recibió dos días después, de los cuales entregó Q25 mil a Velásquez.

Otro funcionario que utilizó similar método fue Leonel Elías Mazariegos Barrios, ex alcalde de Pajapita, quien actuó en complicidad con Eugenio Alberto López Ruiz, propietario de la Constructora Ruiz.

En cuentas de esta última se depositaron Q1 millón 506 mil 644.25, en el 2007, aparentemente para la construcción del drenaje sanitario, con pavimentación, del cantón Pueblo Nuevo, pero Q829 mil terminaron en la cuenta del entonces jefe municipal.

La historia se repitió en la Municipalidad de Agua Blanca, donde hay reportes iniciales de lavado por Q863 mil 954, cuando el jefe edil era Ramiro Humberto Guerra Cameros.

En ese proceso, el Juzgado de Primera Instancia de Jutiapa giró ocho órdenes de captura, incluida la del ex alcalde, pero, pese a varios allanamientos, no han podido ser capturados.

Entre los prófugos están el ex alcalde, su hermano Juan Adolfo Guerra Cameros y Érick Duarte Noguera, ex concejal segundo. Además, cuatro supuestos empresarios: Hugo Rolando Calderón, Octavio Pimentel Vásquez, y los hermanos Rodolfo Arnulfo y Jaime Mendoza Escobar.

Aquí se estableció que el 26 de septiembre del 2005 la comuna giró un cheque a nombre de Calderón por Q223 mil; dos días después se depositaron Q123 mil a la cuenta de una empresa llamada DICA y Q100 mil al ex concejal segundo. Este le entregó el dinero al hermano del alcalde.

El 26 de septiembre del 2005, la municipalidad emitió otro cheque por Q261 mil a favor de Calderón, cobrado por una tercera persona, la cual, a su vez, depositó Q161 mil en la cuenta del concejal.

Intentan borrar el rastro

La segunda forma establecida en los procesos de saqueo consistió en que los empresarios utilizaron a terceros para que fueran estos los que entregaran el dinero a los funcionarios.

Esta modalidad la habría utilizado el ex alcalde de Chiquimulilla, José Varuc Valle Morales —ya fallecido—, con sus tesoreros Rony Élmer González Ramos y Rafael Ramos García, quienes también poseían firma registrada en las cuentas.

Los dos últimos tienen orden de captura por peculado, concusión y lavado, girada por el Juzgado de Primera Instancia de Cuilapa, Santa Rosa.

Según documentos judiciales, Valle Morales contrató a la Constructora y Proveedora Géminis para el mejoramiento del rastro municipal, por valor de Q115 mil, y a Construcciones Internacionales para introducir agua entubada en la aldea El Astillero, a un costo de Q243 mil.

Las transacciones bancarias demuestran que de esos fondos, Q62 mil 160 terminaron en las cuentas del entonces alcalde.

En este caso, el principal actor fue el ex tesorero González Ramos. La primera operación ascendió a Q30 mil, cobrados por un tercero, que es investigado, quien luego los depositó en la cuenta de este ex funcionario.

El 15 de noviembre del 2005, la corporación giró un cheque por Q141 mil a favor de otra persona, también bajo investigación, quien lo cobró, pero minutos después depositó el dinero en la cuenta de González.

Luego emitió otro cheque, por Q163 mil 728, con la justificación de servir para la construcción y equipamiento de un pozo mecánico, pero el supuesto constructor solo lo endosó a favor de González.

El 16 de noviembre del 2005, se autorizó otro cheque, por Q30 mil, a nombre de un particular, pero lo cobró el secretario de la municipalidad Werner Lisiño Paz, quien finalmente lo depositó en la cuenta privada de González.

El 19 de noviembre del 2005 hubo dos transacciones más, por Q141 mil y Q10 mil, respectivamente De nuevo utilizaron a una persona particular, quien cobró ambos cheques, pero cuyas cantidades las entregó a González.

Fue este, finalmente, quien no solo extendió una serie de cheques a favor del ex secretario, particulares y el ex alcalde, sino, además, compró varias camionetas para el servicio extraurbano.

Tercer método

El tercer método de saqueo consistió en apropiarse directamente de los fondos de las comunas, sin intermediarios y sin justificación de obras.

Eso ocurrió, por ejemplo, en la Municipalidad de Iztapa, Escuintla, cuando el alcalde era Misael Ávila; los tesoreros, Catalino Herrarte Herrarte y Gustavo Domínguez Solórzano, y el secretario, Saúl Nehemías Díaz. La aprehensión contra estos la ordenó el Juzgado de Primera Instancia de Escuintla.

Díaz fue detenido la semana última, y el juez le dictó fianza de Q200 mil, pero aún no la ha pagado. La acusación en su contra dice que él sustrajo Q180 mil de la comuna, entre el 1 de marzo del 2004 y el 31 de marzo del 2005.

En el caso de Herrarte, se estableció que del 1 de marzo del 2004 al 31 de marzo del 2005 participó en el peculado y lavado de Q3 millones 260 mil, para lo cual giró 15 cheques para beneficio de varias personas, incluidas las autoridades del municipio.

La acusación contra Domínguez indica que del 1 de marzo del 2004 al 31 de marzo del 2005 efectuó varias operaciones bancarias con dinero de la municipalidad.

Luego, giró 10 cheques, por más de Q2 millones, los que se repartieron entre varios funcionarios.


Fuente: Prensa Libre

Mifapro está rezagada en ranquin de transparencia
Si la lucha por la transparencia fuera una carrera, el programa guatemalteco Mi Familia Progresa (Mifapro) estaría rezagado respecto de otros similares en América Latina, los cuales ya exhiben en sus portales de Internet los datos de los beneficiarios, inclusive sus fotografías.

En el último ranquin de transparencia presentado por Acción Ciudadana (AC) —capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, que evaluó a 15 programas estatales de transferencias condicionadas en igual número de países—, Guatemala ocupó el puesto 11, por detrás de programas de Perú, República Dominicana, Chile y Argentina.

Mientras los responsables de Mifapro acuden aquí a las instancias legales para evitar entregar datos de identificación de los beneficiarios, en otras naciones dicha información está a disposición de cualquiera.

Además, la consecuencia de la negativa del Gobierno a proporcionar la identidad de sus 472 mil beneficiarios ya provoca suspicacias.

Si bien en la página de Internet de Mifapro ya se publica una lista de quienes recibirían Q300 a cambio de enviar a sus hijos a la escuela y al centro de Salud, esta no incluye la documentación que despeje las dudas.

Ejemplos de transparencia

Las batallas legales libradas por diputados y funcionarios, y la negativa a revelar datos en Guatemala, sorprenden a Justo Maracayo, del programa Solidaridad, de República Dominicana.

Este fue considerado el segundo más transparente de América Latina, debido a que desde el inicio se hicieron públicos los datos y fotografías de sus más de 541 mil beneficiarios.

Maracayo afirmó que la ley de acceso a la información en su país los obliga a dar a conocer los datos de quienes manejan fondos públicos: “Por lo que para evitar sospechas, publicamos sus fotografías y documentos”.

Agregó que divulgarlos no ha traído problemas a quienes reciben los fondos y que la decisión ha sido bien acogida por la sociedad dominicana.

“Inclusive los rivales políticos han contrastado los datos de los beneficiarios con los del padrón electoral, y verificaron que estos pertenecen a la diversidad de partidos, y que no se ha buscado favorecer a los que apoyan al Gobierno”, afirmó.

La página web de Solidaridad permite ingresar los nombres en un buscador que despliega las listas con datos completos.

Otro caso de transparencia es el de Argentina, donde el portal del programa Jefes de Hogar, que desde el 2003 entrega fondos a los desempleados, permite observar la lista completa por dirección, número de contribuyente y documento de identidad.

El programa cuenta con 1.4 millones de beneficiarios, y depura permanentemente de los padrones a los ciudadanos que consiguen trabajo. AC estimó que no revelar los datos de los beneficiarios limita la posibilidad de auditorías.

Expuso, además, que en Latinoamérica existe una tendencia a transparentar los datos y que, por lo tanto, Mifapro debería de seguir en la misma vía.


Fuente: El Periódico

El pasado de Llort: Deudas, saqueos y la ambición por fundar el Banco del Milenio

Hace nueve años, “elPeriódico” reveló cómo operaba la red que dirigió Llort junto con Portillo. El joven treintañero estaba desesperado por saldar deudas y recuperar sus fincas, en su camino se cruzaron militares vinculados a unos de los cuerpos clandestinos más peligrosos del Estado.

Por: Equipo de Investigación


“Catorce meses fueron suficientes para que José Armando Llort pusiera en aprietos las finanzas del Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Primero fueron los Q55 millones en sobregiros que Llort otorgó a sus sociedades y amigos. Luego salieron a luz 2 deudas personales por Q12 millones que Llort respaldó usando ilegalmente fondos del Estado.

“Ahora se descubre que, cuando Llort fungía como presidente del CHN, Q27 millones fueron depositados en las arcas de la Corporación Financiera Americana (Confia), propiedad de su mejor amigo, Rodrigo Lainfiesta Rímola y su asesor financiero, Ángel Augusto Pantaleón”.

Este es un extracto de una nota de investigación publicada por elPeriódico el 21 de junio de 2001, parte de una serie de publicacionesque puso en evidencia al menos 4 operaciones de lavado.

Con dinero del CHN, Llort favoreció a sus amigos y operadores políticos del gobierno del ex presidente Alfonso Portillo.

Luego, pagó sus deudas millonarias y canceló la hipoteca que pesaba sobre su finca. Finalmente, con el apoyo de socios, amigos y de Portillo intentó crear el banco privado del Milenio con fondos de actividades ilícitas.

A inicio de 2001, mientras se realizaba la investigación, el nombre de personajes oscuros como el general retirado Ortega Menaldo, Rodrigo Lainfiesta Rímola, Augusto Pantaleón, Jacobo Salán Sánchez, Napoleón Rojas y Eduardo Arévalo Lacs y Portillo, salió a luz parte de una organización criminal que participó en el desfalco al Ministerio de la Defensa, en 2001.

Esta es una recopilación que describe las actividades ilícitas de Llort.

Actualmente, Llort es solicitado por la justicia guatemalteca, está como testigo protegido atestiguando en Nueva York contra quienes fueran sus socios, el narcotraficante Byron Berganza condenado a 28 años de prisión y ahora el ex presidente Portillo.



Llort sale de sus deudas y se receta sobregiros

La nota telonera con la que elPeriódico descubrió la mafia que se servía del banco CHN para realizar operaciones ilícitas, es del 26 de marzo de 2001, titulada Presidente del CHN en malos manejos.

“Llort es un salvadoreño de 30 años que llegó a Guatemala cuando aún era un niño. Se graduó en el Colegio Americano de Guatemala y luego se inscribió en la Universidad Francisco Marroquín, donde nunca concluyó sus estudios (…), miembros de la dirigencia del FRG lo identifican como un amigo cercano del presidente Alfonso Portillo y financista de campaña”.

Otro dato importante que aporta la nota es que “durante la gestión de Llort en el CHN, muchas de sus antiguas deudas fueron canceladas”. En 1997 su familia hipotecó sus fincas cafetaleras ubicadas en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango porque atravesaba problemas financieros. En 1998 su progenitor, Ricardo Llort Fernández, solicitó un préstamo de Q8 millones al CHN para cancelar la hipoteca de la finca La Moka y salvar el inmueble (…) Llort fue moroso en los pagos de los intereses y el CHN ordenó el embargo de la propiedad”.

Sin embargo, en una nota publicada el 15 de marzo de 2000, se revela que, a menos de un mes de que Llort asumió la presidencia del CHN, se aprobó un sobregiro de Q565 mil, con un plazo de más de un año (…) parte del dinero se utilizó para saldar las deudas de Llort. Este fue autorizado por Salomón Molina, subgerente financiero de CHN.

“Los sobregiros del Crédito Hipotecario también favorecieron a empresas con las que Llort mantenía vínculos comerciales.

Entre ellas, Jallcafé, de la cual Lort Quiteño fue representante legal” y sumaron más de Q55 millones.

El 18 de junio de 2001, elPeriódico mostró cómo Llort utilizó fondos del CHN depositados en el desaparecido Banco del Nororiente (Banoro) para pagar otras 2 deudas de sus empresas personales que sumaban Q12 millones. Los dos préstamos que Llort había solicitado al Banoro eran para sus empresas Jallcafé y Representaciones Globales, S. A. por Q6 millones para cada uno y los canceló por medio de Q25 millones que el CHN tenía en el Banoro.

La publicación también refiere que “Llort utilizó los bonos hipotecarios del CHN como garantía de pago hasta que la deuda fuese saldada”.

En marzo de 2001, elPeriódico también había descubierto que en la cuenta del CHN (3008797) a nombre de Jallcafé, donde Llort fungía como representante legal, “fue beneficiada con un sobregiro de Q8 millones, por un plazo de 10 días (…) otras empresas con las que Llort tiene vínculos y que también fueron beneficiadas con sobregiros son: Agrícola El Zambo, representada por Manuel Chavéz Gálvez, Inmobiliaria Villas del Cafetal, representada por Luis Fernando Cruz Berganza, Negocios y Servicios Intercontinentales, S.A. representada por Waskar Hernández Velásquez y Desarrollo Integral, S.A.

Tres años más tarde, el 26 de febrero de 2004, Siglo Veintiuno publica la nota Así lavó millones la banda de Portillo, donde se menciona que las empresas Jallcafé y Agrícola El Zambo mantuvieron relación financiera con Patricia Arana de Ortega, esposa del militar retirado, Francisco Ortega Menaldo.

“Jallcafé recibió Q3.3 millones el 9 de marzo de 2001. Un día antes, Arana recibe un cheque de Confia para cobrarse en su filial en el Hamilton Bank por US$122 mil 694.30”. Recientemente Ortega justificó que este dinero lo recibió por la compraventa de una finca ubicada en Izabal.

Sin embargo, el 21 de junio de 2001 una nota de elPeriódico hace referencia que Llort se quedó con Q9.6 millones que Confia pago al CHN por “ampliación de capital y pago de intereses” por Q27 millones.

Por otro lado, la nota refiere cómo Rodrigo José Lainfiesta Rímola, socio de la agencia de Viajes Futura y de la financiera Confia, vio cómo su estrecha amistad con Llort fue recompensada. Lainfiesta, de 28 años, obtuvo Q4 millones 410 en sobregiros con un plazo de más de un año.

Llort, Girón, Portillo y el Banco del Milenio

El 12 de marzo de 2001, la Superintendencia de Bancos recibió la solicitud de Confia para ser el Banco del Milenio. La financiera fue beneficiada con sobregiros aprobadas por Llort para llenar los requisitos de la Ley de Bancos.

El 21 de abril de 2004, “elPeriódico” reveló que Portillo pretendía crear con fondos del CHN, el Banco del Milenio controlado por él y su secretario Julio Girón.

Un testigo de una casa de cambio relacionado con Confia relató al MP que “Portillo y Girón ambicionaban crear una institución financiera que pagara sus deudas con el CHN, ofreciendo préstamos a bancos con problemas como Banoro, Promobanco y Metropolitano. Para concretar sus planes, se apoyaron en Llort a quien nombraron presidente del CHN”.

El proyecto bancario fue abortado luego de que “elPeriódico” denunció las irregularidades en la administración de Llort y la deuda de más de Q30 millones que este mantenía con el CHN (…) Es entonces cuando Portillo interviene y presta a Llort el dinero para cubrir sus deudas.

Aparece el cuestionado Augusto Pantaleón

Ángel Augusto Pantaleón Gudiel, asesor financiero de Llort y amigo íntimo de su padre, también fue premiado en el CHN. En su cuenta 3039668 del CHN obtuvo un sobregiro de Q950 mil por un plazo superior a un año.

Pantaleón Gudiel también testificó ante el MP en el proceso contra Portillo. Según dijo, “Llort ya estaba ‘apalabrado’ con el ex gobernante para que lo ayudara en la campaña electoral y que a cambio le iban a dar la gerencia de un banco. Conocí a Llort por su papá; me pidió que invirtiera en una de las empresas, creo que era Jallcafé. La inversión fue de US$236 mil y me generó el 17 por ciento de interés. Luego me ofreció trabajo en el CHN, y a finales de 2000 sobregiró mi cuenta por Q1 millón”.

Pantaleón fue jefe delegado de Migración del Aeropuerto Internacional La Aurora en época de Jorge Serrano. Se le sindica de propiciar el contrabando y de haber formado parte de la red de inteligencia de Jacobo Salán Sánchez, a inicios del régimen portillista. Luego, en la administración de Álvaro Colom, laboró en el Aeropuerto La Aurora, se le sindicó de operar un grupo de contrabando y tener nexos con Carlos Quintanilla.

Lainfiesta y Confia, lavandería de dinero


En septiembre de 2001, “elPeriódico” descubrió que, bajo la presidencia de Llort, el CHN se convirtió en el mayor inversionista de la financiera Confia. Más de Q27 millones del CHN fueron depositados en la financiera, que había sido adquirida en 2000 por su mejor amigo, Rodrigo Lainfiesta.

Documentos legales revelan que el consejo de Confia estaba integrado por Mauro Rodríguez Blandón y Ángel Augusto Pantaleón. Todos beneficiados con sobregiros millonarios del CHN. Rodríguez era el notario de Llort y Pantaleón su asesor financiero.

Llort utilizó más de Q46 millones a favor de 15 empresas relacionadas con sus allegados.

El 12 de marzo de 2001, elPeriódico descubrió que la Superintendencia de Bancos recibió la solicitud de Confia, para transformarse en el Banco del Milenio. Para llenar los requisitos financieros que establece la Ley de Bancos, fue beneficiada con sobregiros aprobados por Llort.

Luego de que Llort salió prófugo de Guatemala,  Lainfiesta fue citado ante el Ministerio Público donde confesó que los militares visitaron Confia y exigieron que pagara los Q37 millones que adeudaba Llort. Según Lainfiesta, Confia captó fondos del IGSS y del Infom y realizó operaciones anómalas a cuentas de Llort.

En la actualidad, Lainfiesta es uno de los mayores constructores del Estado, y financista de campaña de Álvaro Colom.

Llort confiesa ante la corte de Nueva York


El 27 de enero de 2010, elPeriódico obtuvo la primicia: Elproceso 09cr1142 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el que José Armando Llort daba su testimonio identificando a un solo acusado: Alfonso Portillo. Por ello, el ex Presidente enfrenta el cargo de conspiración para lavado de dinero (desvío de US$2.5 millones, de una donación de Taiwán; desvío de US$3.9 millones del Ministerio de la Defensa y desfalco en el CHN.

El gran misterio aún bajo reserva es el nombre de cinco socios o “co-conspiradores no nombrados”.¿Quiénes son? La respuesta está en Llort Quiteño. Su historia con la justicia estadounidense empezó hace ocho años, cuando después de huir de Guatemala, se entregó, a través de agentes de la DEA (agencia antinarcótica estadounidense).

Entonces empezó a hablar. En la acusación, el Gran Jurado que abrió el juicio a Portillo los identifica como “un coronel que también estaba a cargo del equipo de seguridad de Portillo y un oficial de inteligencia”.

Este es un resumen de esa declaración: A principios de 1999 Llort dijo a los fiscales estadounidenses, que conoció a Portillo como candidato a la Presidencia en San Francisco Zapotitlán, Mazatenango. “Se hicieron amigos”.

Él mismo prestó el avión de su familia para que Portillo hiciera dos viajes de Guatemala hacia Nicaragua con Julio Girón. Regresaban con fuertes sumas de dinero, que los billetes venían en dos maletas”.

Como presidente del CHN, Llort conoció también a Byron Barrientos, el ex ministro de Gobernación, quien le ordenó hacer “varias transferencias de millones al CHN, de una cuenta del IGSS. El 6 por ciento debía ser colocado en las cuentas de Portillo”. También se le dio otra cuenta a nombre de Patricia Arana de Ortega –esposa del general Ortega Menaldo– en el Hamilton Bank.

Llort sostuvo contactos diarios con Ortega Menaldo quien le pidió, “ conseguir Q16 millones de fondos públicos, para que 1.7 por ciento de esa cantidad fueran destinados a sus fondos personales”.

Fuente: Siglo XXI



Ligados en narcodólares asesoraron gestión de Gándara


Durante la administración del ahora ex ministro llegaron a altos cargos ex comisarios señalados por el robo de $5 millones.

El Director de la PNC nombrado por el ahora Alcalde de Villa Nueva está detenido por el robo de $300 mil narcodólares.

Julie López, especial para Siglo 21

Dos policías vinculados al robo de millones de narcodólares (uno como participante; otro, como encubridor), en agosto de 2000, fueron asesores del director de la Policía Nacional Civil (PNC) y de un viceministro de Gobernación en la gestión de Salvador Gándara.

Se trata de Óscar Raúl Segura Sánchez, ex asesor del ex titular de la PNC Porfirio Pérez Paniagua, quien fue destituido y detenido por el robo, en junio de 2009, de $300 mil (supuestamente del narcotráfico). Por este caso también se busca al ex asesor Segura Sánchez, que está prófugo. Lo señalan de haber recibido parte de ese dinero.

Coincidentemente, hace casi 10 años, una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la PNC, consignada en el oficio 4860-2000, registra que Segura Sánchez y otros policías ubicaron un tráiler en cuyo interior supuestamente había $5 millones de narcodólares, del cual se habrían apoderado. En ese entonces, Segura Sánchez era jefe de la Comisaría 32 de Cuilapa, Santa Rosa.

Otro señalado por el caso del año 2000 es Héctor Raúl Orellana Velásquez, quien fue asesor del ex primer viceministro de Gobernación Roberto Solórzano (de abril a julio de 2009), según lo confirmó Gándara durante su interpelación en el Congreso (vea: Peligrosos antecedentes).

Solórzano también confirmó que Orellana fue su asesor, pero explicó que de él sabía que era un “buen policía” y no tenía conocimiento de que tuviera un señalamiento como el citado. Ofreció contactar con el aludido, para obtener su versión, pero el ofrecimiento no se concretó.

El oficio de la ORP consigna que Orellana era el jefe de la ORP cuando ocurrió el robo hace casi 10 años, y que no lo denunció a la Dirección General de la PNC ni al Ministerio Público (MP).

Pérez Paniagua, Segura y Orellana fueron nombrados en sus puestos cuando Gándara era ministro.

Siglo Veintiuno buscó al Alcalde de Villa Nueva, pero no fue posible hablarle. Tampoco se logró contacto por medio de su relacionista, Rodolfo Flores. En el caso de los comisarios aludidos, Segura Sánchez está prófugo y la oficina de prensa del Ministerio Público informó que no tiene abogado defensor. A Orellana Velásquez fue imposible ubicarlo; incluso, por medio del vocero de Gobernación, Nery Morales.

Un mes después del robo de narcodólares del año pasado, Orellana Velásquez, Solórzano y Gándara salieron de la cartera del Interior. Era julio de 2009. El mes siguiente ocurrió el robo de unos 300 a 350 kilos de cocaína presuntamente a manos de Pérez Paniagua y sus cómplices. Por ahora, no hay indicios de que Orellana Velásquez participó en estos hechos.

Gándara, hoy alcalde de Villa Nueva, comunicó a la prensa que, a su entender, el director de la PNC que nombró “tenía un expediente limpio”.

Raúl Velásquez, actual ministro de Gobernación, era el tercer viceministro de la cartera cuando Segura y Orellana eran asesores. Se intentó preguntarle sobre este caso, pero su portavoz, Nery Morales, indicó que el Ministro no podía atender la solicitud de información, debido a su ocupada agenda (lea: Controles internos).


Aquí no ha pasado nada

Nadie se despeinó con la investigación de la ORP de 2000, fechada el 30 de diciembre de ese año. No lo hizo el director de la PNC de entonces, Rudio Lecsan Mérida, cuando en abril de 2001 se le preguntó al respecto. Tampoco el entonces ministro de Gobernación, Byron Barrientos (condenado por el desfalco de Q80 millones en esa cartera). Ambos dijeron que el caso de los $5 millones sólo era un “rumor”. Fue en la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Pero la investigación de la ORP también fue ignorada en la administración de la Gran Alianza Nacional (Gana), cuando dos señalados ocuparon puestos de alto perfil.

En 2000, Luis Muy López estaba destacado en la Comisaría de Jutiapa, donde Héctor Aníbal Aldana Orellana era jefe de Personal. Ambos dijeron a la ORP que no estuvieron involucrados con el robo (lea: El caso de los $5 millones). Sin embargo, Muy López declaró que Aldana Orellana había amenazado a un oficial que investigaba el caso.

En mayo de 2004, Aldana era el jefe de la Comisaría 33 de Mazatenango; el comisario Muy López era presidente del Tribunal Disciplinario del Distrito Central de la PNC en julio de 2005. Actualmente, ninguno de los dos está en la PNC, según el vocero de esta entidad, Donald González.

Casi una década después del hecho, la Inspectoría General de la PNC (que investiga corrupción policial) no da cuenta sobre el oficio 4860-2000. Se le solicitó información por medio de la oficina de prensa de la PNC, pero al cierre de esta edición no había ubicado el documento.



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