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08:45 a.m.
Fuente: El Periodico

Tres casos de contratos con el Estado, un mismo patrón de burlar la ley
EN POCO MÁS DE CIEN DÍAS DEL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ, EL ESTADO HA BENEFICIADO CON CONTRATOS MILLONARIOS A EMPRESAS VINCULADAS A UN DIPUTADO OFICIALISTA Y A DOS FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO. LA PRÁCTICA SIGUE INVARIABLE.

No son los primeros ni serán los últimos. Son solo la punta de un iceberg cuyo tamaño se presume tan grande como la ambición de muchos altos funcionarios del Estado y diputados del Congreso.

Durante la actual administración de gobierno, ‘elPeriódico’ ha documentado dos casos de personas con funciones públicas cuyas empresas han recibido contratos con el Estado y el caso de un funcionario que mantiene un contrato vigente con una institución pública. Se trata del diputado patriota Edgar Cristiani; el subsecretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Miguel Ángel Martínez Solís; y el secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón Rojas.

Cristiani, dueño de la empresa de limpieza Cleanomatic, con 27 contratos por Q14.7 millones recibidos desde el 14 enero, es el funcionario al que se le ha encontrado un mayor beneficio durante su ejercicio.

A la empresa de la que fue representante legal Martínez Solís, el Grupo Escorpión, se le adjudicó un contrato por Q4.2 millones para el resguardo de fertilizantes, mientras que Monzón no logra ocultar sus vínculos con la empresa Tekni Deportes, S.A., que este año recibirá Q1.8 millones del Estado por limpieza de canchas sintéticas.

Si el Ejecutivo se ha especializado en encontrar formas para evadir la Ley de Contrataciones, como los fideicomisos y las compras fraccionadas, los empresarios con puestos en el Gobierno muestran la misma habilidad para eludir las limitaciones que les impone la Ley de Probidad, la cual les prohíbe a todos los servidores públicos proveer al Estado.

En estos tres casos documentados, los funcionarios pueden argumentar que, formalmente, nada los une a los que fueron sus negocios. Y, sin embargo, todo o casi todo los vincula a ellos.
Cleanomatic, “outsourcing” de servicios de limpieza

>CONTRATOS RECIBIDOS: los principales son uno de Q9.5 millones para la limpieza del Aeropuerto Internacional La Aurora durante 2012, y otro de Q3.4 millones para limpiar el Palacio Nacional de la Cultura.

>ARGUMENTOS DEL DIPUTADO EDGAR CRISTIANI: según una escritura pública de abril de 2011, Cristiani le vendió 180 acciones de la sociedad a Jonathan Rafael Barrios Toledo, quien, según Cristiani, es el actual propietario y administrador de la empresa. Cristiani asegura que su empresa ha sido contratista históricamente y que en esta administración no se ha visto favorecida.

>INCONGRUENCIAS DEL ARGUMENTO: la venta de acciones de la que habla el diputado no está inscrita en el Registro Mercantil. Además, Barrios Toledo comparte sus apellidos con la esposa de Cristiani, es presumiblemente su cuñado. Cleanomatic nunca había recibido más de Q12 millones en contratos durante un año. Durante los 3 meses que Cristiani lleva de diputado los ha recibido por Q14.7 millones.


Grupo Escorpión, seguridad privada

>CONTRATOS RECIBIDOS: Q4.2 millones adjudicados por el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades) con el fin de resguardar los fertilizantes que compró el Estado para entregarlos a campesinos. Fue una compra realizada por un fideicomiso y a través de un procedimiento de excepción, por lo que la junta calificadora solo argumentó que el contrato fue para Escorpión por presentar la oferta más barata. Ni siquiera se conoce el monto que propusieron los otros 2 oferentes. La convocatoria pública solo estuvo abierta 24 horas, del 25 al 26 de abril.

>ARGUMENTOS DEL SUBSECRETARIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ: el funcionario no se ha pronunciado ni el titular de la SAAS, Walter Zepeda. El presidente Otto Pérez aseguró que Martínez se había desvinculado de la empresa antes de asumir el cargo.

>INCONGRUENCIAS DEL ARGUMENTO: según consta en el Registro Mercantil, el funcionario fue inscrito en 3 ocasiones como administrador único de Escorpión, la última el 28 de septiembre de 2011. Ese mandato estaba vigente en enero de 2012, la última vez que “elPeriódico” indagó sobre Martínez Solís. Además, en el registro de empresas de seguridad privada del Ministerio de Gobernación el subsecretario figura, hasta hoy, como representante legal de Escorpión.

>CONTRATO RECIBIDO: el 30 de enero, el Ministerio de Cultura y Deportes firmó con la empresa un contrato de Q1.8 millones, que había sido adjudicado por la anterior administración (el 3 de enero) para darle mantenimiento a la grama sintética de 3 canchas deportivas en la capital durante 2012.

>ARGUMENTOS DEL SECRETARIO DE LA VICEPRESIDENCIA, JUAN CARLOS MONZÓN: Asegura que él solo fue mandatario legal de la presidenta de Tekni Deportes, S.A., Sonia Lizeth Sequén Esquite, en una empresa individual que ella tuvo de 2002 a 2008. Resalta que esta empresa, llamada Teknideportes (todo seguido), dejó de operar y no es contratista del Estado.

>INCONGRUENCIAS: Tekni Deportes, S.A., fue fundada por la misma persona que Monzón representó, tiene un nombre prácticamente idéntico, se dedica a lo mismo, tiene contratos con las mismas instituciones. Monzón ha sido su asesor y una de las socias es su hermana Rosana Lucía Monzón. Sequén Esquite, cuando otorgó su mandato legal a Juan Carlos Monzón en 2002, era una secretaria de 22 años, mientras que él ya tenía otra empresa dedicada a la construcción de canchas deportivas. Se trata de un probable caso de testaferrato.


El dilema de los empresarios-funcionarios

Claudia Palma y Enrique García • cpalma@elperiodico.com.gt

El Artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones les impide a los servidores públicos cotizar, licitar y celebrar contratos con el Estado, y veda a sus parientes legales de contraer contratos con la dependencia en la que labore el funcionario. Igual impedimento aplica para las personas jurídicas de las que el empleado público sea socio o representante.

Sin embargo, la ley no contiene una prohibición expresa de que los familiares del funcionario posean una empresa y presten servicios al Estado, hace ver David Gaytán, analista de Acción Ciudadana. Y ese ha sido el vacío legal al que han recurrido –o simulado recurrir– al menos tres funcionarios de la actual administración.

“El tema es el fondo y no la forma”, opina Álvaro González, presidente de la Comisión de Apoyo a la Recaudación Tributaria del Congreso. El diputado se refiere a que de nada sirve que se trasladen las acciones de la empresa a otra persona que se beneficiará a través de contratos si en el fondo el funcionario seguirá como dueño.

Diputados de tres comisiones que analizan el paquete de transparencia coinciden en que la reactivación del debate de la Ley de Enriquecimiento Ilícito (LED) podría reducir las prácticas de triangulaciones, las cuales favorecen a los empleados públicos que contraen contratos del Estado.

La normativa que se discute en el Legislativo hace más de un año contempla penalizar el uso del testaferro por parte de funcionarios que nombran a familiares y amigos como accionistas o representantes de sus empresas.

Amílcar Pop, presidente de la Sala de Transparencia, resaltó que penalizar la figura del testaferro desmantelaría las gestiones anómalas actuales. González destacó que la LED actuaría contra los funcionarios que tengan vínculos con terceras personas.

Actualmente, la Contraloría General de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral no son capaces de detectar a esos contratistas antes de que asuman como funcionarios. Tampoco existe un código de ética del funcionario que sea sancionatorio, explica al analista Gaytán.

El uso de testaferros por parte de funcionarios es una práctica que traspasa gobiernos. No es nueva y está relacionada con “un toma y daca” de financiamiento de campañas electorales, retribuidos con contratos pagados con dinero público, opina el analista Edgar Gutiérrez.

“Hay un segmento empresarial que crece y se consolida de esta forma: involucrándose en funciones de gobierno. Y eso al final tiene implicaciones para la competencia de las empresas, la calidad de las obras y de los servicios”, agrega.

El analista político Gustavo Berganza coincide en que la génesis es la ineficacia de las entidades fiscalizadoras, como la Contraloría General de Cuentas. La segunda razón es el sentido de la política en Guatemala, “que no implica ganar el poder para imponer una visión de Estado, sino que es una cuestión meramente clientelista y de lucrar para los que llegan al poder”.

SIB denuncia 40 casos de lavado
El delito de extorsión es el que mayor relevancia presenta en las denuncias.

Hasta abril pasado la Superintendencia de Bancos (SIB) había presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público (MP) en los que se involucra por lo menos, a 517 personas que habrían lavado Q195 millones de procedencia ilícita.

Se tienen nuevos procedimientos que dan agilidad al trabajo de investigación financiera para poder remitir los casos al MP, afirmó Víctor Mancilla, jefe de la SIB, quien aseguró que se presentan un promedio de 10 denuncias cada mes.

Este año la SIB prevé presentar unos 120 casos ante las autoridades.

De acuerdo con Susan Paola Rojas, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), del total de casos investigados, durante los primeros 4 meses unas 20 corresponden a actividades vinculadas a extorsiones que han sido llevados al MP, indicó.

Rojas comentó que los casos reportados ocurren principalmente en la capital, Escuintla, Jutiapa, Izabal y lugares fronterizos con México. Las denuncias que presentó la IVE incluyen seis por narcotráfico, siete por corrupción y otros siete casos por secuestros y estafas.

Según la IVE, en 2011 se presentaron 102 denuncias de 506 reportes de transacciones sospechosas realizadas por bancos, inmobiliarias y joyerías.



08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Pugna en reparto de fertilizantes
En Nahualá, San Pablo La Laguna, Atitlán y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se registran retrasos en la distribución de fertilizantes por falta de acuerdos entre los integrantes de la Juntas de Transparencia encargados de decidir la asignación.

Manuel García Chutá, diputado del Partido Patriota (PP) por Sololá, señaló que “las Juntas de Trasparencia son para hacer más eficiente la distribución, pero a la larga provocan caos”.
Afirmó que el problema se agrava en esos municipios porque la demanda de fertilizantes excede la cantidad disponible.

García Chutá señaló a la bancada de Libertad Democrática Renovada (Líder) de “mal aconsejar a la gente para ponerse violentos” y bloquear la distribución el abono.

El legislador de Líder por ese departamento Francisco Tambriz acusó al gobernador de Sololá, Luis García Chutá, hermano del diputado del PP, de haber nombrado como representantes en las Juntas de Transparencia a excandidatos de este partido.

“No hubo consultas con los representantes de las comunidades kaqchikel y k’iche’ para formar los listados, no les entregan abono a los necesitados, sino a sus simpatizantes”, señaló Tambriz.

Disputas y reclamos
Santa Catarina Ixtahuacán tiene asignados 15 mil sacos, pero requiere otros ocho mil, señaló García.

Tambriz aseguró que en la comunidad hubo enfrentamientos la semana última, debido a la distribución de alimentos efectuada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria.

“El partido oficial ha intimidado a la gente; esperamos que eso no suceda con los fertilizantes” manifestó Tambriz.
fiscalizará

La contralora Nora Segura informó que la Contraloría General de Cuentas comenzó una auditoría preventiva para fiscalizar la entrega de fertilizantes, la cual se realizará en el campo.





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