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08:30 a.m.
Fuente: Siglo XXI

Jessica Osorio
josorio@siglo21.com.gt

Pide la destitución de Viceministro
La compra de vacunas contra el rotavirus es investigada por el MP y la Contraloría

La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), solicitó ayer la destitución del viceministro de Salud, Alfonso Pérez Bran, a quien responsabiliza de pagar Q25 millones adelantados en la compra de vacunas contra el rotavirus a la Droguería Colón, S.A.

La congresista denunció que el negocio “es extraño,” ya que el contrato abierto obliga a otorgar la compra a quien presente el menor precio a ofertar, y el Ministerio de Salud en febrero adquirió dichos insumos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a Q55 la unidad, mientras que a la droguería en mención las compró en Q170.

“Ese contrato no se puede pagar y se debe dar marcha atrás. Es más, hicieron negocios con la OPS por Q23 millones, por lo que hay una adquisición doble”, especificó.

Señaló que dicho contrato debería declararse lesivo, y manifestó: “Es lesivo haber pagado mas de la mitad del precio”.

Datos proporcionados por Montenegro dan cuenta de que con la Droguería Colón se compró un total de Q25 millones entre marzo y abril para la adquisición de 149 mil vacunas, y con la OPS se obtuvieron 400 mil.

A la oficina de Montenegro fue citado ayer el viceministro William Sandoval, quien informó que actualmente el caso está en proceso de investigación por parte de la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.

Durante el encuentro estuvieron presentes los congresistas Leonel Lira y Luis Pedro Álvarez; este último insistió en que persisten las dudas respecto a los procesos de compra que mantiene dicho Ministerio desde enero.

Otro asunto que inquieta a los legisladores es que se desconoce quién está a cargo del Viceministerio, a lo que Sandoval respondió que cada Viceministro cumple con sus funciones.

Contraloría aún no extiende el finiquito
Ayer, la Contraloría General de Cuentas (CGC) no había extendido el finiquito al ministro de Salud, Jorge Villavicencio, ya que no había pagado los Q75.50 como requisito para obtener la constancia, según se constató en los registros de la institución.

Aunque se conoció que los abogados empezaron a gestionar la documentación en el departamento jurídico de la CGC, en los registros aún están vigentes en el sistemalas dos denuncias contra Villavicencio, una penal y otra del Tribunal de cuentas.


08:20 a.m.
Fuente: El Periódico

Denuncian posible sobrevaloración en compra de láminas
Fonapaz compró 90 mil láminas por Q9.9 millones. Según el diputado del PAN Hugo Morán, el sobreprecio podría alcanzar el 50 por ciento. El ardid estaría en el grosor de las láminas.

Asier Andrés aandres@elperiodico.com.gt

El pasado 19 de abril, el fideicomiso del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) le adjudicó la compra de 90 mil láminas a una empresa de Chiquimulilla, Santa Rosa, llamada Inmobiliaria Melgar.

Las láminas que debían entregarse al Fondo, según las bases del concurso, deberían ser del calibre 28 milímetros, tener 12 pies de largo y un espesor de 0.30 milímetros. En otras palabras, debían ser lo que en el negocio de los productos galvanizados se conoce como una lámina calibre 28 “legítimo”, las de mayor calidad y también las más caras.

La empresa adjudicada ofertó por este producto Q9.9 millones, Q111 por cada unidad. Unos días después, el 23 de abril, el Fonapaz y la Inmobiliaria Melgar firmaron el contrato de suministro. Sin embargo, en el documento no especificó el grosor. El proveedor solo se comprometió a entregar 90 mil láminas de 12 pies, calibre 28. Omitir el grueso de la hoja de acero abre la puerta a que, por ejemplo, el Estado reciba finalmente láminas calibre 28 “comercial”, considerablemente más baratas: al menos 25 por ciento menos del precio de una lámina “legítima”.

Este pequeño cambio suscitó que el diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) Hugo Morán citara ayer al director del Fonapaz, Armando Paniagua, para verificar que realmente las láminas que recibirá el Estado son las “legítimas” que se compraron y no unas “comerciales”. Sin embargo, el funcionario no acudió.

Al ser consultado por elPeriódico, Paniagua aseguró no tener información concreta de este caso, pero subrayó que las bases del concurso establecen la calidad del producto. “Las láminas que se compraron son las que se recibirán”, aseguró. El funcionario agregó que el PAN nunca lo citó de manera formal, sino que solo le solicitaron información del concurso.

Una compra sospechosa
Morán calificó de “sospechosa” la compra de las láminas, la más alta que ha hecho hasta ahora el Fonapaz en la nueva administración. “La ambigüedad de las especificaciones del contrato afecta claramente a la calidad del producto que se está comprando”, criticó el legislador. Según sus cálculos, en función del espesor de la lámina que finalmente se reciba –si, en efecto, no es una 28 “legítima”– el sobreprecio podría oscilar entre la cuarta parte hasta la mitad del precio total; es decir, de Q2.4 millones hasta Q4.8 millones.

Las diferencias entre la lámina “legítima” y la “comercial” no son perceptibles a simple vista, pero la variación del precio sí es considerable. Ternium Pantera, por ejemplo, una de las marcas con mayor presencia en el mercado, le vende al público las primeras a Q116 por unidad, y las segundas, a Q86. La diferencia es Q30 en cada una; es decir, las comerciales son 25 por ciento más baratas. Esta proporción se mantiene, aproximadamente, en las otras fabricantes nacionales de este producto: Galcasa, Galnasa y Multiperfiles.

El Exasesor de Paniagua, detrás de las pilas y láminas
El pasado lunes, elPeriódico publicó que el Fonapaz adquirió 1,500 pilas plásticas sobrevaloradas en, por lo menos, 40 por ciento. Luego de la publicación, Armando Paniagua, director del Fondo, canceló la compra y destituyó a 4 miembros de la junta calificadora.

La compra de las pilas y la de las 90 mil láminas estuvo a cargo del Programa de Vivienda Mínima del Fondo, que dirige Eduardo Arturo Escobar Contreras, asesor de Armando Paniagua cuando este era diputado. La junta calificadora, proveniente de la anterior administración del Fonapaz, fue la misma que otorgó el contrato que ayer cuestionó Hugo Morán. El diputado aseguró que solicitará una auditoría de todas las adquisiciones de los funcionarios destituidos.


08:10 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Señalan a oficialistas de concentrar abono
Alcaldes que acudieron a dos bancadas de diputados denunciaron que miles de sacos de fertilizantes se guardan en casas de excandidatos a diputados o de alcaldes del partido oficialista, lo que consideran como politización del programa.

POR JESSICA GRAMAJO

Durante una citación en la bancada Independiente, el jefe edil de Sanarate, El Progreso, César Rodas, denunció que el representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en su departamento le indicó que de los tres mil 600 sacos de fertilizante que llegarían para su municipio, “mil 800 serían para él —Rodas— y la otra mitad se irían a bodegas del excandidato a alcalde por el Partido Patriota (PP)”.

El diputado independiente Flavio Yojcom denunció que en Sololá ocurre una situación similar. Expresó que para elaborar los listados en las Juntas Locales de Transparencia se ha nombrado a excandidatos del PP y a familiares de estos o de legisladores de esa agrupación.

“Las alcaldías donde sí ganó el PP no tienen problemas y el fertilizante fue llevado a las bodegas municipales”, dijo.

El subdirector del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), Mario Buch, afirmó que desconoce las anomalías denunciadas, pero indicó que serán investigadas.

Cobro ilegal
Roberto Alejos, diputado independiente, expuso que el cobro de Q25 por saco que se hará a los campesinos que reciban el abono “es ilegal”, porque los fertilizantes son propiedad del Estado y se requiere de un procedimiento específico establecido en la Ley de Compras y Contrataciones, “lo cual no se ha hecho”. Además, “la población no cuenta con los recursos para pagarlo”.

En la bancada de Libertad Democrática Renovada, alcaldes y comunitarios de Quiché se reunieron con el gobernador de ese departamento, Víctor Conrado, y con el subdirector de Fonades, donde denunciaron la duplicidad de listados. Aseguraron que un grupo está a cargo de las Juntas Locales de Transparencia y otro lo controlan los directivos del partido oficialista.

Buch refirió que los únicos listados que se deben respetar son los de las Juntas.

Conflicto por listado
Efraín Medina, ministro de Agricultura, informó que no se ha logrado entregar el fertilizante en varios departamentos, debido a que no se han armonizado las listas de los posibles beneficiarios.

“Es un problema político y de intereses, y no estamos favoreciendo a simpatizantes del Partido Patriota”, expresó Medina.

Chimaltenango, Petén, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Santa Rosa aún no reciben el abono, refirió.

El funcionario también explicó que existen otros problemas: “De las 230 Juntas Locales de Transparencia que están integradas en 48, faltan algunos detalles de formalización de integrantes y en 108 municipios no se ha completado toda la documentación para formar la junta local”.

Medina expuso que viajará mañana a Tiquisate, Escuintla, debido a los conflictos.

Afirmó que la semana última un camión que transportaba fertilizante fue asaltado en Jalapa y otro volcó.


08:00 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Corte de Constitucionalidad entrega Q104 mil para viáticos
La Corte de Constitucionalidad (CC) erogó Q104 mil 487.38 en la compra de divisas para viáticos de magistrados titulares, suplentes y letrados que viajan este mes a Wa-shington, D.C., Estados Unidos, y Cádiz, España.

POR BYRON ROLANDO VÁSQUEZ

Esta información se encuentra registrada en el portal de Guatecompras, a través de dos adquisiciones directas. La primera, publicada el 5 de mayo recién pasado, por Q41 mil 632.50, fue adjudicada a un banco del sistema, y la otra, publicada nueve días después, por Q62 mil 854.88, se le asignó a la misma entidad bancaria. En el portal se explica que ambas adquisiciones son para viáticos al exterior.

Las primeras en viajar fueron Gloria Porras y María de los Ángeles Araujo, magistradas titular y suplente, respectivamente. Ambas participaron en una capacitación sobre la Ley de Lavado de Dinero, en Washington, D.C.

Su estadía fue del 7 al 9 de este mes, acompañadas por letrados en representación del presidente de la CC, Mauro Chacón.

Los magistrados Chacón y Alejandro Maldonado Aguirre salieron del país el lunes último rumbo a Cádiz para participar en la conmemoración del bicentenario de la Constitución de esa ciudad.

Se tiene previsto que el próximo domingo viajen a Washington, D.C., los magistrados titulares Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez, quienes también asistirán a la capacitación, auspiciada por el Gobierno de EE. UU, sobre la Ley de Lavado de Dinero.

Prensa Libre intentó comunicarse con el jefe financiero de la CC, para obtener información relacionada con la cantidad de viáticos que les fueron asignados, pero se informó que se encontraba en una reunión y que hasta hoy se le podía localizar.

También se buscó al responsable de la Unidad de Información Pública, para establecer por qué no se encuentran los registros de los viáticos en la página web, tal y como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 10, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Por lo anterior, Molina explicó que la oficina en mención depende directamente de la presidencia de la CC.
Críticas

David Gaitán, de Acción Ciudadana, criticó que si bien no hay anomalías en los viajes, lo que sí ocasiona problema es que los magistrados deben informar por qué viajaron y qué beneficios le traen al país sus periplos.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, señaló que la responsabilidad es de la Unidad de Información Pública.

Ley exige publicación
David Gaitán, de Acción Ciudadana, criticó que la CC incumpla la Ley de Acceso a la Información Pública al no revelar datos relacionados con los viáticos. “La Ley establece que se debe publicar toda esta información”, aseguró.
incumplimiento

No hay registros
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, indicó que, al igual que la CC, en su mayoría las instituciones no cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública, y no se han actualizado los datos.



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