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08:50 a.m.
Fuente: El Periódico

Juez es acusado por cuatro delitos
En su defensa, el juez manifestó que “entre las obligaciones de un funcionario judicial no está investigar la legitimidad de la información que se presenta, sino solo estudiar los casos que se ponen a su disposición”.

Jerson Ramos jramos@elperiodico.com.gt

Mario Fernando Peralta Castañeda, juez de la Niñez y Adolescencia de Escuintla, tendrá que responder ante la justicia por cuatro delitos. El Juzgado Cuarto de Instancia Penal abrió proceso contra el funcionario, al que el Ministerio Público (MP) vincula con una red dedicada a la trata de personas y adopciones ilegales.

La acusación del ente encargado de la persecución penal dice que el juzgador colaboró con una estructura que lidera la abogada Susana Loarca Saracho, directora de la Asociación Primavera. Esa entidad logró dar en adopción a la menor de edad Anyeli Lizeth Hernández Rodríguez, para lo cual presentó documentos falsos.

“El juez decretó en abandono a la menor, lo que dio como resultado la adopción de la niña. No decimos que él se haya beneficiado con ese hecho, sino que no verificó la legitimidad de los documentos donde se había cambiado el nombre de Anyeli y de su madre”, dijo Lorena Maldonado, fiscal del caso.

En su defensa, el juez manifestó que “entre las obligaciones de un funcionario judicial no está investigar la legitimidad de la información que se presenta, sino solo estudiar los casos que se ponen a su disposición”, explicó. Él continúa en funciones en el juzgado de Escuintla.


08:30 a.m.
Fuente: Prensa Libre

Descubren anomalías en OJ
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP), para que se inicie una investigación a una red de corrupción enquistada en los juzgados Primero y Segundo de Ejecución Penal de la Torre de Tribunales, informó el magistrado César Barrientos, presidente de esa instancia.

POR BYRON ROLANDO VáSQUEZ

“Hemos encontrado corrupción terrible, y ayer —lunes— lo denunciamos en el Ministerio Público, por cobros ilegales, y estamos desarticulando una red de corrupción de oficiales que había en los juzgados de Ejecución, en donde llegaban a cobrar hasta más de Q1 mil por tramitar los expedientes”, afirmó Barrientos.

El caso
El 4 de junio último, ocurrió el hecho que permitió localizar una estructura de corrupción formada por oficiales que se dedicaban a hacer cobros ilegales que van desde Q450 hasta Q1 mil 700, por certificaciones, supuestamente para gestionar y agilizar el trámite de los procesos penales, a fin de que reos salieran libres.

En esa fecha, una agraviada, a quien no se identifica por motivos de seguridad, con apoyo de un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se quejó en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Ejecución Penal de la Torre de Tribunales, de que el oficial José Eduardo Elías Estrada le cobraba Q450 por certificaciones y que ella ya le había entregado Q200.

Adicionalmente, se estableció que por cada hoja de la certificación, el secretario Sergio Danilo Conde Cardona solicitó que le entregaran Q5.

“Es una gran cantidad de casos de corrupción que han sido denunciados, pero que no tenemos pruebas suficientes para iniciar los procesos contra los responsables”, dijo el magistrado.

En esta etapa del proceso penal, para todas las actuaciones son necesarias las certificaciones, las cuales constan de copias autorizadas de las sentencias, certificación del acto conclusivo, así como la certificación del expediente cuando el reo ha sido condenado en otro proceso, a fin de poder unificar las penas y que solo cumpla una.

El decreto 111-98, relativo a los aranceles de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, establece que se debe cobrar Q3 por cada hoja de certificaciones.

“Entonces, dentro del proceso de investigación hay tres personas denunciadas, que son el secretario, el oficial que estaba pidiendo los Q450 y un tercero —identificado como Manuel Roberto Morales Girón—, a quien también se le vincula”, expresó Barrientos.

Vinculan a abogado
Adicionalmente se estableció que un exoficial que es abogado y notario mantiene comunicación con uno de los oficiales, y este último ha exigido a reos que hagan sus trámites solo con aquel, y el cobro era entre Q1 mil y Q1 mil 700 por celebrar la audiencia y agilizar el trámite del expediente.

Otro de los agravantes que se descubrieron en los juzgados fue la pérdida de expedientes, por lo que los reclusos se veían obstaculizados para poder solicitar su libertad por redención de penas o por el cumplimiento de condena.

con procesos
Al momento de conocer el hecho del Juzgado Segundo de Ejecución Penal, se levantó un acta en la que consta que los empleados del Organismo Judicial (OJ) incurrieron en posibles faltas, y se elevó el caso a la Supervisión de Tribunales, para comenzar un proceso administrativo. Actualmente el expediente se encuentra en el Régimen Disciplinario, porque se detectaron faltas estipuladas en los artículos 54 al 58 de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, y allí se determinará si la falta es leve, grave o gravísima.
Al mismo tiempo, los juzgadores normaron que las certificaciones ya no se debían cobrar, para evitar mayores problemas.

Cambian sistema
A raíz del descubrimiento de esta red de corrupción en los juzgados de Ejecución Penal, la Cámara Penal acordó en la mesa intersectorial del Sector Justicia que se debía establecer un sistema para agilizar el trámite de expedientes, para desfogar las prisiones, que se encuentran saturadas.

Barrientos comentó que se procedió a implementar la oralidad en las audiencias, por lo que ahora lo único que se lleva por escrito es la solicitud de la audiencia de presentación de pruebas por los abogados de los reclusos, y de ahí en adelante todo el proceso será oral y con la presencia del juez.

Se indicó que con este mecanismo los oficiales no tienen ninguna participación, y la tramitación del expediente se reduce de 70 días hábiles a cinco.

Se estableció que durante el 2009 y el 2010 se tramitaron en el Juzgado Primero de Ejecución Penal cinco mil 515 expedientes; en el Juzgado Segundo del mismo ramo, tres mil 209; y en el tercero, ubicado en Quetzaltenango, se conocieron mil 245.

Juzgados en el Istmo

Guatemala es el país con menos juzgados.

El Salvador cuenta con 10 juzgados de Ejecución Penal.

Honduras tiene nueve instancias del mismo ramo.

Nicaragua cuenta con 20 judicaturas de igual jurisdicción.

Costa Rica, seis.

Guatemala tiene tres juzgados de Ejecución.

El país cuenta con 22 cárceles en todo el territorio.

El conteo hecho ayer a las 7 horas, por el personal del Sistema Penitenciario, reporta que hay 13 mil 704 reclusos, entre hombres y mujeres, lo cual evidencia que las prisiones están sobrepobladas.

Asignan más personal
Julio Rivera Clavería, viceministro de Gobernación y miembro de la mesa intersectorial del Sector Justicia, expresó que para reducir la sobrepoblación en las cárceles la CSJ designó a dos jueces más en tres juzgados de Ejecución Penal.

Explicó que el problema que afrontaba en Gobernación era la carencia de personal para integrar las comisiones multidisciplinarias de Presidios, lo cual complicaba los procesos de solicitudes de libertad anticipada, o bien por cumplimiento de condena.

Por esa razón, se suscribió un convenio con la Universidad de San Carlos, a través del Bufete Popular, así como con la Universidad Rafael Landívar, para contribuir a desfogar las cárceles.



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