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08:55 a.m.
Fuente: El Periódico

La Portuaria Quetzal costea su propia fiscalización
La EPQ paga Q5 mil mensuales a cada trabajador de la Contraloría General de Cuentas que llega a Escuintla a auditarla. Les proporciona además un picop, gasolina, casa y comida. La Contraloría solo ha presentado una denuncia contra la portuaria en los últimos seis años. Pero en el ministerio público no hay rastros de ese caso.

Grupo de investigación investigacion@elperiodico.com.gt


Los cinco auditores encargados de fiscalizar a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) conforman un grupo elite en la Contraloría General de Cuentas (CGC). Además de los Q10 mil 500 que ganan en promedio de sueldo, la Portuaria les paga Q5 mil mensuales por viáticos y les concede una serie de beneficios adicionales.

Los auditores trabajan de lunes a viernes en el edificio administrativo de la sede central de la Portuaria, en Escuintla. Laboran una media de 20 días al mes, es decir que reciben Q250 diarios por viáticos. Sin embargo, no incurren en mayores gastos para hacer su labor.

La Portuaria Quetzal les asigna un picop Hilux modelo 2009 con 70 galones de gasolina mensuales para que viajen todos los días desde la capital. Además, les asigna una vivienda con aire acondicionado y amueblada, para los que prefieran quedarse ahí. En cualquiera de los dos casos, los auditores pueden utilizar los servicios subsidiados de la cafetería, donde los desayunos cuestan Q3 y los almuerzos Q4.

Obtener la designación para fiscalizar a la Portuaria Quetzal es como recibir un reconocimiento. Los auditores elegidos son aquellos que han destacado por su buen desempeño en la Contraloría. “Es una manera de incentivarlos para que continúen así”, explica la contralora general, Nora Segura. Antes, compara, la elección se hacía por compadrazgo, por ser amigo del Contralor.

La funcionaria no encuentra ningún problema en que la empresa que registra Q440 millones de ingresos al año y le genera al Estado Q90 millones de utilidades costee su propia fiscalización. Justifica que deben aceptar esa ayuda económica porque la Contraloría carece de recursos. El interventor de la Portuaria, Allan Marroquín, coincide con ella en que la imparcialidad de los auditores no se ve afectada.

En los últimos seis años el trabajo de auditoría financiera y presupuestaria de la Portuaria se ha traducido en una sola denuncia penal en contra de la EPQ y las multas impuestas en ese periodo promedian los Q1.1 millones anuales. La Contralora explica que si no existen ilícitos no tienen por qué presentar denuncias.

Manfredo Marroquín, director de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, opina que esa “ayuda económica”, como le llama la EPQ al pago de los auditores del Estado, constituye una legalización del conflicto de intereses. “Es vergonzoso”, opina Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso. El diputado considera que la injerencia de la Portuaria en su propia auditoría afecta la independencia de la Contraloría y parcializa su trabajo a favor de la empresa estatal.

Dieciséis años de “ayudas”
El pago que le hace la Empresa Portuaria a los auditores públicos no es reciente. En 1996, durante la administración del capitán Mario Enrique García Regás, entonces gerente de la portuaria, la EPQ suscribió un convenio con la CGC para asumir los gastos en los que incurren sus empleados para movilizarse a Escuintla. Antes los auditaban desde la capital.

El trato resultó conveniente para las administraciones siguientes, tanto de la EPQ como de la Contraloría. Al principio eran solo tres auditores los asignados, actualmente son cincos. Según 18 acuerdos de gerencia de la Portuaria y un acta de 1996, de 2005 a 2012 han sido designados 35 trabajadores de la Contraloría para fiscalizar a la EPQ. No se logró documentar la lista de 1997 a 2004.

Los auditores ganan de Q10 mil 250 a Q10 mil 825 mensuales (con bonificaciones incluidas), según su categoría. En Guatecompras no aparecen registrados todos los pagos hechos por la Portuaria, solo figuran las remuneraciones a 14 de ellos. Ese portal electrónico detalla que los funcionarios permanecen en la EPQ de 1.5 a 2.5 años. Dos de ellos recibieron Q150 mil cada uno por los viáticos de dos años y medio; unos más, Q120 mil por dos años; y otro, Q90 mil por un año y medio.

La Empresa Portuaria Quetzal produce el 20 por ciento de los ingresos fiscales del país. Además, obtiene Q16.2 millones anuales por medio de 49 arrendamientos y 26 usufructos que ha concedido a privados. A ellos se suma el usufructo que le otorgó en julio a la firma española TCB para que opere una terminal de contenedores los próximos 25 años. El contrato por US$87 mil mensuales se suscribió a escondidas y fue admitido por el presidente Pérez Molina hasta que la prensa lo hizo público un mes después.

La Contraloría General de Cuentas no emitió un pronunciamiento sobre la concesión. En una citación que le hizo el partido Lider a la contralora Nora Segura en el Congreso, los diputados le señalaron que era un “negocio oscuro” para privatizar el puerto. Segura se limitó a responder que tenía a un grupo de auditores en la Portuaria Quetzal. “No puedo adelantar nada, ellos ya están realizando una auditoría”, indicó. Omitió decir que la Portuaria es la que les paga para que lleguen a hacer ese trabajo.

Allan Marroquín, el actual interventor de la EPQ, reconoce que el convenio de cooperación con la CGG lo ubica en una “posición complicada”, ya que si retira el apoyo podría pensarse que quiere retirar o dificultar la labor de los auditores; y si la mantiene, que intenta injerir en sus tareas. A pesar del predicamento, considera que la ayuda económica debe mantenerse.

Una sola denuncia, sin rastro
La Portuaria no solo concentra varias de las grandes concesiones del Estado. Es también una puerta grande al país por la que puede entrar y salir de todo, incluidas las drogas ilícitas y mercadería de contrabando. En los últimos dos años se han incautado en el recinto portuario casi 2 mil toneles con precursores químicos, y el 12 de septiembre pasado las fuerzas de seguridad capturaron a Yuni Fernando Enríquez Monzón –jefe de seguridad del puerto. Enríquez era también integrante del comité ejecutivo del sindicato y fue señalado de permitir la salida de precursores químicos del recinto portuario y de colaborar con una estructura de narcotraficantes con vínculos en México.

En 2012, la EPQ ha erogado Q270 millones por compras directas y ha adjudicado diez licitaciones por Q170 millones, entre ellas la de una lancha piloto utilizada para trasladar a alta mar a los que asesoran a los capitanes acerca de cómo atracar. La nave costó Q12.5 millones y se le compró al único oferente: Vintage, S.A.

En julio de este año, además, la Portuaria firmó un contrato con una sociedad anónima para remozar el complejo habitacional donde residen sus trabajadores, incluidos los auditores de la CGC. La empresa contratada es Alquiler de Tractores. Su representante es Marco Antonio Recinos Sandoval, el hermano del diputado del distrito de Jalapa William Rubén Recinos Sandoval, quien fue elegido por la coalición UNE-Gana y ahora representa al Partido Patriota.

Sin embargo, los informes de fiscalización de la Contraloría a la EPQ de 2006 a 2011 señalan otro tipo de malos manejos del presupuesto. Entre los 75 reparos hechos a la Empresa en ese lapso se encuentran faltas como: no llevar un inventario estricto de los bienes, asegurar vehículos inservibles y pagar evaluaciones del estado físico del muelle a personas que no son profesionales. La Portuaria también fue señalada por respaldar pagos con documentos no autorizados, como recibos, cobrar arrendamientos por debajo del valor fijado en los contratos, comprar de forma fraccionada, recibir equipo de computación con retraso y pagar a una constructora por trabajos no realizados.

El total de los malos manejos de 2006 a 2011 suma Q524.9 millones; es decir, Q87.4 millones por año. Por los reparos se impusieron multas que suman Q6.9 millones, lo que equivale a un promedio anual de Q1 millón.

Tan solo un hallazgo en estos cinco años derivó en una denuncia penal. En el informe de auditoría de 2007 se indica que se presentó en el Ministerio Público (MP) contra autoridades de la EPQ (no se indican los nombres) porque pagaron Q134 mil 400 por servicios oftalmológicos justificados con facturas falsas. elPeriódico constató que la denuncia no figura en los registros del MP.

Con información de Rodrigo Pérez.



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