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Fuente: Transdoc, 07/12/2012 12:00 am


 

 

 



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08:46 a.m.
Fuente:Prensa Libre

Aumentan denuncias de casos de corrupción en el MP
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) ha recibido 480 denuncias por corrupción de enero a octubre últimos.



POR ROSMERY GONZáLEZ

Este número supera la cifra presentada durante el año anterior, cuando hubo 212, y las acusaciones que más destacan son contra exalcaldes, corporaciones municipales, organizaciones no gubernamentales, constructoras de proyectos de obra gris, contratistas y funcionarios.

INFOGRÁFICA – Mira este PDF los procesos de alto impacto sobre corrupción

En su mayoría las denuncias han sido presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de exalcaldes señalados por malos manejos de fondos.

También el Ministerio de Comunicaciones, así como instituciones que se dedican a la construcción se quejan de contratistas por incumplimiento en obras.

Según el MP, les siguen aquellas que presentan personas particulares y las investigaciones que la Fiscalía inicia de oficio después de publicaciones en medios de comunicación.

La diligencia más reciente en la Fiscalía fue la ratificación de la acusación presentada ayer por Efraín Medina Guerra, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, contra la empresa Construtubo, S.A., señalada de incumplimiento de un contrato para adquirir equipo de bombeo y materiales de construcción, valorado en Q7 millones.

Señalamientos
La Fiscalía contra la Corrupción ha sido una de las más cuestionadas en el MP, debido a la lentitud en los procesos y pocos resultados presentados.

Javier Monterroso, asesor especial del MP, explicó que investigar este tipo de casos es complejo porque requiere análisis documental, de cuentas bancarias, contratos, así como requerimientos de informes de auditoría, que en su mayoría dependen de otros entes.

Recientemente, el presidente Otto Pérez Molina, en declaraciones, pidió a la Fiscalía mayor rapidez en investigaciones contra la corrupción. “Sentimos falta de agilidad, falta de equipo o recursos, pues hay una serie de denuncias que avanzan lentas en el MP”, afirmó.

Monterroso refirió que una de las mayores dificultades que afrontan es que no cuentan con grupos de detectives policiales especializados en asuntos económicos.

“En otros países como Chile y Costa Rica hay policías especializados en este tipo de delitos. Acá tenemos policías especializados en delitos contra la vida, en tema de secuestros, incluso en derechos humanos”, indicó.

Explicó: “Los informes de esta naturaleza son más lentos. No es lo mismo un informe balístico en un caso de homicidio, donde el resultado puede estar listo en dos días con sistema IBIS —Sistema Integrado de Identificación Balística, en inglés—, que un informe de auditoría donde hay que revisar cuentas de municipalidades, cientos o miles de papeles, facturas, cheques”.

Los fiscales aseguraron que muchas veces dependen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la CGC como proveedoras de información.

“Estamos trabajando en mejorar la formación de nuestros fiscales, cambiamos toda la Fiscalía este año. Actualmente requerimos por lo menos el doble del personal que tenemos, aproximadamente unos 120 para cubrir todos los casos”, manifestaron.

Uno de los proyectos del MP a corto plazo es la creación de la Unidad de Análisis Financiero, la cual tendrá como objetivo la coordinación directa con la IVE, la CGC y la SAT, respecto de delitos vinculados con la corrupción.

Además consideran que para avanzar en las investigaciones el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) debería tener peritos especializados en infraestructura, para analizar obra y presentar peritajes de obra gris.

La ley
El asesor explicó: “Este año hemos intentado enviar a prisión a funcionarios o personajes con nivel político, como el caso de Gloria Torres y —Carlos— De León Argueta. En ambos procesos los jueces los han favorecido con medidas sustitutivas o falta de mérito”.

Los investigadores afirmaron que el primer caso es el de Gloria Torres y sus hijas Kristha Eugenia y María Marta Patricia Castañeda Torres, por supuestos vínculos por lavado de dinero y estafa propia, según investigaciones en las comunas de Huehuetenango y Quiché.

También está el caso de Carlos de León Argueta, señalado del lavado de Q50 millones que Fonapaz entregó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Guatemala (Asodegua).

“El trámite de un antejuicio puede llevar meses. Después se presenta un amparo sobre esa resolución, lo cual puede llevar a su vez meses también, o incluso puede llevar a apelaciones del amparo. Los trámites para quitarle inmunidad a un funcionario son muy lentos, y después nos hemos encontramos con que son ciertamente benévolas algunas resoluciones judiciales”, expuso Monterroso.

A esto se suma la avalancha de amparos que presentan los sindicados, ya que hay procesos como el de Mercado de Futuros (MDF), en el cual Eduardo Meyer, expresidente del Congreso, presentó más de 40 recursos para atrasar el mismo.

Recientemente fue aprobada la Ley contra la Corrupción y esperamos que se puedan lograr condenas más fuerte en los casos, resaltó.

“Se puede mejorar”
Hugo Maúl, excomisionado de Transparencia, considera como una nueva oportunidad para avanzar en las investigaciones y condenas de la Fiscalía contra la Corrupción la reciente aprobación de la Ley Anticorrupción.

Según el analista, el Ministerio Público ya tiene otros instrumentos legales a la mano para actuar y litigar eventualmente si se encontrara culpable a alguien.

“Es un instrumento valioso, la Ley tiene algunas cosas que fortalecen la función investigativa, como el reforzamiento a la tipificación del delito de testaferro, pues a través de ellos puede llegarse a determinar quién cometió el delito y en qué circunstancia”.

Otro ejemplo es lo relativo a lo que significa sustraer evidencia u obstaculización de la acción penal que evite los medios de prueba o las evidencias recopiladas. “Parece importante porque muchas veces esas evidencias son sustraídas y es mucho más difícil determinar la comisión del delito”, dijo el experto.

Maúl señaló que la Fiscalía también debe fortalecerse y tener un cuerpo de asesores en temas financieros presupuestarios y gasto público, porque se necesita un respaldo técnico con pleno conocimiento del funcionamiento de administración pública.

“No es solo una función de la Fiscalía este tipo de delitos; muchos son detectados por la Contraloría General de Cuentas, que tiene su cuota de responsabilidad en el combate de la corrupción, lo cual impone una coordinación y trabajo en conjunto, y se obtendrán mejores resultados”, afirmó el excomisionado.









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