Por: politikca.com
Guatemala inicia el 2021 con tres retos político-económicos:
1) restaurar la gobernabilidad en el Ejecutivo;
2) promover la reactivación económica luego de la crisis generada por Covid-19 y el confinamiento; y
3) llevar a cabo sendos procesos para elegir magistrados a la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal y “árbitro legal” de los conflictos políticos) así como de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
A nivel del Ejecutivo, la popularidad del Presidente ha descendido a niveles bajos para estándares locales (35%).[1] Esta caída es consecuencia de la percepción de ambivalencia en la gestión de la crisis Covid-19; la percepción de corrupción en compras de emergencia y en el Ministerio de Comunicaciones; el desgaste sufrido por la creación del Centro de Gobierno y el conflicto con el Vicepresidente (quien fue desplazado en su rol de coordinador del Gabinete y se ha convertido en un “actor de denuncia” dentro del Gobierno).
En diciembre, el Presidente se comprometió a suprimir el Centro de Gobierno, a solicitar la renuncia de funcionarios cuestionados y a restituir las funciones del Vicepresidente. Sin embargo, en los primeros días del 2021, nuevamente afloraron las diferencias con el Vicepresidente (a quien se le ha dejado fuera del Gabinete de reconstrucción y no se le consultó sobre cambios en el Gabinete), y si bien se han realizado modificaciones en el Gabinete, la mayoría de los nuevos funcionarios (Secretarios de Seguridad Alimentaria y de Coordinación Ejecutiva) son ex funcionarios del desaparecido Centro de Gobierno.
Se espera que en los siguientes días se confirme la salida del Ministro de Gobernación (cuestionado por el uso de la fuerza en las manifestaciones) y del Ministro de Desarrollo (señalado por ineficiencia en el manejo de los programas de ayuda en la crisis Covid). Se ha rumorado cambios en el Ministerio de Economía y Comunicaciones pero son poco probables de materializarse.
En noviembre pasado, el desgaste de Gobierno junto con la aprobación apresurada del Presupuesto 2021 provocó una serie de manifestaciones urbanas, las cuales fueron mucho más tensas y violentas que las de 2015. Esto en un claro reflejo del creciente descontento ciudadano por la corrupción, la disfuncionalidad del sistema político, y ahora, por la decadente situación económica luego de la Covid-19.
Si bien la ruta de restauración de la gobernabilidad en el Ejecutivo está trazada (gracias a la mediación de la OEA) y el Presupuesto 2021 fue archivado por el Congreso, las causales del descontento se mantienen latentes. Si bien las manifestaciones menguaron en diciembre existe la posibilidad que estas se reactiven en un futuro próximo como consecuencia de otros eventos que puedan desatar rechazo ciudadano.
La restauración de la gobernabilidad también pasa por la reactivación económica luego de la crisis Covid. El Gobierno apostará en 2021 por un plan agresivo de construcción de infraestructura. Los proyectos que se empezarán a desarrollar incluyen: 1) mejoras al Aeropuerto La Aurora; 2) Construcción Aeropuerto de Carga en Puerto San José; 3) Infraestructura de Movilidad (Vía Express Nor-Oriente, Puente Las Vacas, Puente el Frutal, Infraestructura complementaria al Metroriel, Anillo Matropolitano, Autopista Litoral del Sur, Alianza público-privada para autopista a Puerto Quetzal); 4) El Centro Administrativo del Estado; 5) Ampliación Puerto Quetzal; y 6) Reactivación del Tren Ferroviario de Carga.
También hay propuestas para facilitar trámites administrativos, tales como una Ventanilla Única para la Construcción, agilización de procesos en registros mercantiles, y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (importaciones y exportaciones).
El plan de reactivación también incluye un paquete de reformas que debe aprobar el Congreso. Entre ellas se encuentra 1) la Ley de Leasing, 2) la Reforma a la Ley de Zonas Francas para ampliar el número de sectores que se puede adscribir al régimen, 3) una Ley de Empleo a Tiempo Parcial, 4) la Ley de Infraestructura, 5) la Ley de Insolvencias, 6) la Ley de Infraestructura, 7) Ley de Teletrabajo y 8) Ley de Interés Preferencial para Vivienda Social.
No obstante, la perspectiva para 2021 es la de un Congreso poco funcional en materia legislativa. Si bien la dirección del Congreso está en manos de una alianza oficialista (Vamos junto con otros 13 bloques) en la práctica esa alianza sólo ha servido para repartir cuotas de poder mas no para aprobar legislación sustantiva. Por ello, es poco probable que las iniciativas antes listadas sean aprobadas en el corto plazo.
El Congreso también tiene pendientes diversos procesos legislativos, lo cual retardará aún más la aprobación del paquete de reactivación. Sólo en enero, tiene que aprobar una Ley Extraordinaria para adquirir las Vacunas de Covid-19 y la Reforma al Presupuesto Vigente para 2021. En febrero, deberá elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC). En medio de eso, tiene programas interpelaciones a Ministros de Gobernación y Desarrollo (en caso sean destituidos se anula la interpelación). Y en abril, procederá a elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
La elección de cortes constituye el tercer hito para este 2021. El Colegio de Abogados debe elegir a un magistrado para culminar el período del fallecido Bonerge Mejía. Esta elección generará un conflicto político – jurídico por el señalamiento de corrupción de los postulantes.
Este será el preámbulo para la elección de marzo de Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026. Todo apunta a que la Corte tendrá un corrimiento hacia la derecha, con magistrados menos progresistas que la actual magistratura, lo cual sin duda generará un ambiente más estable para la inversión. Sin embargo, existe la posibilidad que dicho proceso también esté marcado por conflictos legales en caso se designen a magistrados no-idóneos, vinculados a partidos políticos, o señalados de actos de corrupción. Por ello, la posibilidad que este proceso genere un conflicto político es bastante alta y que se genere un conflicto de impugnaciones y luchas de poder entre la saliente Corte de Constitucionalidad y los órganos electores (Gobierno, Congreso, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y Universidad de San Carlos) por diferencias de criterios sobre la elección de magistrados.
Una vez electa la CC, el Congreso procederá a elegir magistrados de apelaciones y Corte Suprema de Justicia y con ello poner fin al impasse de casi 16 meses en dicha elección. La razón detrás de esperar a que cambie primero la CC para elegir cortes es que en el listado de candidatos hay muchos personajes vinculados a partidos políticos. Por ello, el Congreso desea esperar a que la actual CC concluya su mandato (14 de abril) y con una CC más afín, elegir magistrados afines sin el riesgo que esa elección sea impugnada.
Se ha rumorado posibles cambios en la Superintendencia de Administración Tributaria, ante el incumplimiento de las metas de recaudación en 2020. Sin embargo, dado que el Superintendente Díaz asumió el cargo después de suscrito el acuerdo de recaudación, y dado el escenario extraordinario generado por la pandemia, es poco probable que el Directorio de SAT solicite su remoción.
Otro hito a monitorear es de carácter externo. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca presagia cambios en la política norteamericana hacia Centroamérica. El Plan Biden para la región[2] se enfocará en promover la lucha contra la corrupción y generar un nuevo “plan de la prosperidad” para financiar proyectos que tiendan a reducir la migración ilegal a Estados Unidos. El nuevo enfoque en lucha contra la corrupción seguramente se traducirá en pronunciamientos más agresivos de la Embajada de Estados Unidos, designación de funcionarios, ex funcionarios y actores privados vinculados a casos de corrupción o señalados de entorpecer la agenda anti-corrupción, además de un incremento en las investigaciones criminales de Estados Unidos respecto a narcotráfico y corrupción en Centroamérica. Si bien el Plan Biden ha prometido buscar integrar una comisión regional anti-corrupción, es poco probable que este punto avance en el corto plazo. También, dados el período natural de ajuste con el cambio de gobierno, es posible que la nueva política norteamericana tenga efectos hasta el segundo semestre 2021.
En cuanto a la situación de la Covid-19, el 31 de diciembre concluyó el mandato de la COPRECOVID, la comisión Presidencial encargada de atender la pandemia. Ahora la rectoría del proceso queda en manos exclusivas del Ministerio de Salud Pública. Desde principios de diciembre, se ha señalado que Guatemala atraviesa la “segunda ola de contagios”. Desde el 15 de diciembre, se reporta un promedio de 600 a 800 nuevos casos al día y entre 20 y 40 fallecidos. Si bien estos números no han llegado a los extremos de mayo o junio, sí representan un alza respecto a la tendencia de septiembre a noviembre.
El Gobierno no ha indicado tener planes de retomar el confinamiento. Incluso, el ex Director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, indicó que la evidencia empírica es que los confinamientos no resultaban tan exitosos para contener la pandemia, y el costo económico era devastador. Por ello, no se espera que en el corto plazo se adopten medidas de cierre. Sin embargo, es posible que si la segunda ola mantiene una tendencia al alza, que se retomen algunas medidas de restricciones limitadas (toques de queda, limitación de movilidad inter-departamental, limitaciones de aforos a comercios y establecimientos, etc.)
Politik: Encuesta Nacional de Opinión Pública 5 de diciembre de 2020.
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