El presidente Bernardo Arévalo entregó al Congreso de la República la iniciativa de ley 6593, que busca modernizar la normativa vigente contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La propuesta, presentada como respuesta a las deficiencias señaladas desde 2016 por GAFILAT, busca evitar que Guatemala ingrese en la lista gris de países no cooperantes en esta materia y fortalecer los mecanismos de prevención frente al crimen organizado.
El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), Saulo de León, explicó que la normativa vigente data de 2001 y 2005, por lo que urge su actualización. Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que esta iniciativa permitirá un régimen legal moderno y más efectivo.
Entre los principales cambios, se incluye el fortalecimiento de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), los controles sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y las Personas Obligadas, que ahora abarcarán nuevos sectores como seguros, casas de empeño, inmobiliarias, compraventa de vehículos, joyas, obras de arte, entre otros.
El artículo 42 de la propuesta establece que las entidades bancarias deberán verificar si sus clientes figuran en listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con terrorismo internacional, y en caso afirmativo, congelar preventivamente sus fondos.
Según datos de la IVE, hasta el 30 de junio de 2025 se recibieron 3,076 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS), y el monto denunciado ante el Ministerio Público asciende a Q12,631.8 millones, lo que representa un aumento del 200% respecto al mismo periodo de 2024.
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